Fiscales del Ministerio Público allanaron el jueves una firma de auditores que pertenece a familiares del titular del ente recaudador de impuestos, Marco Livio Díaz, luego de que éste denunciara acciones en su contra en presunta venganza por una denuncia de evasión que hizo contra empresarios guatemaltecos.
El presidente Bernardo Arévalo, quién habría confirmado su apoyo a Díaz al enterarse de investigaciones en su contra, dijo en su cuenta oficial de X que la institución que dirige goza de éxito y prestigio gracias a su trabajo, en una acción que riñe con la separación de poderes y el respeto al sistema judicial.
Al presidente se unieron varias voces oficialistas y de la izquierda guatemalteca que señalaron a la fiscalía de cobrar venganza contra el superintendente y pidieron una investigación imparcial.
“Las investigaciones que se oficien en contra de funcionarios de la administración tributaria deben contar con las pruebas fehacientes y enmarcarse en principios de objetividad e imparcialidad”, dijo en un comunicado la Cámara de Comercio de Guatemala y la Cámara Americana de Guatemala.
Díaz denunció en agosto el caso llamado B410 en el que supuestamente 410 empresas habrían defraudado al fisco por al menos 39 millones de dólares. Las empresas presuntamente tienen vínculos con exfuncionarios y actuales autoridades.
Tras recibir la denuncia la fiscalía llamó a varios empresarios para interrogarlos sobre si la firma de auditores les había ofrecido algún arreglo. De la denuncia presentada por la evasión la fiscalía no ha dado detalles, pero se comenta en corredores del SAT que se habrían negociado coimas a través de la firma auditora relacionada a Díaz para «solucionar el problema».
Curruchiche aclaró a la población que el allanamiento no tiene nada que ver con el superintendente y que este no era investigado, aunque la firma pertenece a sus hermanos. “A través de esta firma se estaba logrando que se concretaran algunos descuentos en la Superintendencia de Administración Tributaria (el ente recaudador)”, dijo el fiscal a periodistas. Según la fiscalía algunos empresarios fueron referidos a dicha empresa para solventar las sanciones tributarias en su contra.
El fiscal también dijo que la denuncia presentada por Díaz contra empresarios por supuesta evasión ya era investigada por la fiscalía.
Díaz presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para frenar cualquier acción judicial de la fiscalía en su contra que aún está pendiente de resolverse, la Corte por su parte no otorgó amparo provisional a favor de Díaz, lo que le permitiría evitar una eventual orden de captura en su contra, y remitió el expediente a una sala menor para que continúe el proceso.
Las presuntas acciones de los familiares de Díaz se convierten en otro tramo de la corrupción en Guatemala, tanto de los gobiernos previos como del gobierno de Bernardo Arévalo.
