El presidente Bernardo Arévalo rechazó el lunes las investigaciones del Ministerio Público (MP) que han llevado al arresto de la exdiputada Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, por el caso Corrupción Semilla.
En una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), el mandatario intervino directamente en lo que podría ser tipificado ‘obstrucción de la justicia’ al manifestar que, según él, la funcionaria “una compañera íntegra cuya excelencia profesional y humana es destacada por toda persona que la ha conocido”.
Con la clara intención de mover la balanza de la justicia a favor de su allegada, el mandatario informó que «La estaré visitando esta semana para verificar que se estén garantizando sus derechos», a partir de que Hernández hace tres días quedó ligada a proceso y enviada a prisión preventiva por la robustés de prueba de los delitos que se le imputan por parte del Ministerio Público.
En un ataque que desnaturaliza el estado de derecho en Guatemala, el mayor magistrado de la República atacó una vez más a la Fiscalía de Guatemala asegurando que “Es más que evidente que en esta coyuntura oscura a la que las minorías corruptas llevaron al país, ella representa uno de los intentos de Consuelo Porras (Fiscal General) y de Fredy Orellana (juez) por desestabilizar al gobierno”.
«Somos cada vez más los que nos damos cuenta de que el actuar de la Fiscalía atenta contra la democracia, la libertad de la gente decente y el Estado de Derecho», continuó Arévalo.
«Invitó a los diversos actores, liderazgos sociales y sobre todo políticos a que unirse y trabajar juntos para salir de este ciclo oscuro», promovió Arévalo, poniendo en duda la justicia de la nación centroamericana.
El juez Orellana envió a la cárcel a la directora del Instituto de la Víctima por los delitos de fiscalización electoral de fondos y financiamiento no registrada.
Durante la audiencia, Hernández se abstuvo de declarar, pero su defensa negó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad señalara en la acusación la forma, modo o lugar en el que fue cometido el delito.
Aparte, el MP pidió prisión preventiva por supuestos riesgos de fuga, entre otras razones por la decidida defensa de Bernardo Arévalo y su irr4espeto a las leyes de Guatemala, mientras continúa con la investigación.
“Es una medida para intentar intimidar al Gobierno y a algunos diputados en el Congreso comprometidos con la democracia”, aseveró días atrás otro investigado por delitos electorales, el diputado del bloque independiente Semilla Samuel Pérez.
En cualquier país desarrollado y respetuoso del derecho, el presidente Bernardo Arévalo sería investigado y podría ser destituido, como ya ha sucedido en Estados Unidos y varios países europeos, donde al intervenir en un proceso de derecho e intentar confabular contra fiscales y jueces, los presidentes y primeros ministros se enfrentaron con la ley.
