El Congreso de Guatemala no sesionó esta semana, luego de la presentación del presidente Bernardo Arévalo de una iniciativa de reforma de la Ley del Ministerio Público (MP).
El presidente de la Junta Directiva del Legislativo, Nery Ramos, expresó el jueves a periodistas que a partir de la acción del mandatario “existe alguna tensión en el ambiente y desinformación”, e informó de movilizaciones en los alrededores del Congreso que provocaron, de alguna forma, la falta de quórum, ya que la mayoría de diputados prefieren no asumir riesgos y no llegar.
El diputado por el oficialista Movimiento Semilla, Samuel Pérez, afirmó el pasado martes luego de la primera cancelación de la plenaria que varios de sus colegas recibieron amenazas de muerte.
Un día antes, Arévalo caminó desde la sede del Ejecutivo, junto a parte de sus ministros, organizaciones sociales afines y rodeado de seguridad, mientras el centro de la ciudad registraba contingentes militares y policiales, para entregar la propuesta.
Estamos corrigiendo –aseveró a su llegada al Congreso unicameral- un problema que se generó a través de esas reformas y evitando que la fiscalía quede al margen en una situación de impunidad porque no rinde cuentas a ninguna entidad, dijo, mientras realizaba un llano ataque al Ministerio Público.
“Los diputados tienen en su mano la oportunidad de reconocer el mandato de transformación que el pueblo de Guatemala dio en las urnas y responder así al clamor de la gente”, enfatizó el gobernante.
La jefe del MP, Consuelo Porras, señaló el martes, por su parte, que Arévalo con sus constantes ataques busca tomar control desde el Ejecutivo del ente investigativo, lo que está prohibido en la vigente Constitución Política de Guatemala.
Porras se encuentra amparada por la Corte de Constitucionalidad que ordenó al Gobierno de Arévalo que se «abstenga» de «todo acto que, fuera del marco Constitucional y legal, atente contra el mandato para el cual fue electa la postulante» y eviten acciones «que puedan coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público».