El cierre de la consulta externa por la falta de seguridad policial en el capitalino hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala, afecta a miles de pacientes por segundo día consecutivo.
El cuerpo médico, residentes y la junta directiva del centro decidieron la medida el lunes pasado tras comprobar poca cantidad de agentes policiales en los ingresos, egresos, pasillos y otras áreas vulnerables.
Las autoridades del nosocomio se reunieron con representantes de la fuerza policial y militar, junto a la Procuraduría de los Derechos Humanos, el colegio de médicos del país y al Ministerio de Salud y Asistencia Social (Mspas).
El director del hospital, Luis Chávez, informó la víspera sobre una nueva amenaza de bomba y que habría estado vinculada con el tema de privados de libertad.
Además, en una citación del Congreso, pidió reforzamiento de seguridad en puntos ciegos, pues según los datos, atienden al mes a unos 200 reos.
Chávez mencionó amenazas directas a personal de enfermería y médicos, denunció acoso contra empleadas y robos en algunos de los servicios del hospital.
Mediante un comunicado, el personal operativo, administrativo, técnicos y profesionales afines a la salud del Roosevelt descartaron que los tomen en cuenta en los análisis y señalaron que las crisis son constantes.
Solicitaron de manera contundente que se resuelva a la brevedad posible la problemática actual de seguridad y no se traslade a privados de libertad al nosocomio sin suficiente seguridad.
A fines de junio último la cartera sanitaria admitió la necesidad de cambios profundos en las políticas para la atención a prisioneros en la red de hospitales.
Incluyó entre los riesgos que conlleva la atención a estos: fugas, tiroteos y heridos, los cuales “han ocurrido en múltiples ocasiones con pérdidas lamentables de inocentes”, aseveró.
Por entonces sobresalió el caso de un pandillero del Barrio 18 apodado “Tazmania”, quien iba armado y tenía intención de ejecutar a un privado de libertad que llegó al Roosevelt a una cita médica por orden de juez.
