Diputados del Movimiento Semilla presentaron en el Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objetivo de remover a la jefa fiscal, Consuelo Porras, que ha investigado y encontrado pruebas de corrupción en la formación y andamiaje de la formación política.
La propuesta, que fue presentada el pasado 19 de noviembre, pero dada a conocer a principios de diciembre, busca derogar el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, donde se contemplan las especificaciones sobre qué se considera una “causa justificada” al existir sentencia en firme, para que el presidente de la República pueda destituir al fiscal general de turno.
Sin embargo, existe una norma que regula el proceso de destitución del fiscal general en Guatemala y es el artículo 251 de la Constitución Política de la República, donde únicamente se refiere a la facultad del mandatario para proceder a la remoción con “causa justificada debidamente establecida”, pero sin especificar bajo qué circunstancias se produciría.
El diputado oficialista, Samuel Pérez, desnudó las intenciones de quitar las cortapisas que no permiten la remoción de la jefa del MP al asegurar que “Lo que hicimos con la bancada fue derogar completamente el artículo 14, y devolverle al presidente la facultad constitucional de remover a la fiscal general, o a quien ocupe ese lugar. Eventualmente se tendrá que hacer una ley que tendrá que establecer parámetros un poco más institucionalizados, pero en este momento, nos enfrentamos a un problema específico que es una persona que intentó dar un golpe de Estado, que es enemiga del pueblo de Guatemala y vive protegida en su propia impunidad”.
El legislador manifestó que buscarán que se apruebe lo antes posible, por lo que van a retomar las conversaciones con las bancadas sobre la reforma. Según informantes en el legislativo, se mueven «maletines negros» desde la presidencia para comprar voluntades de diputados de oposición.
En mayo pasado, el presidente Bernardo Arévalo presentó una iniciativa para reformar la Ley del MP y ampliar los criterios bajo los cuales se podría catalogar como “causa justificada” para remover a Porras; no obstante, los cabildeos en el Congreso no tuvieron frutos y la propuesta no avanzó.
Además, el legislador obvió explicar, según juristas especializados en constitucionalidad, que las leyes sólo son retroactivas cuando benefician al afectado, no cuando le dañan.
