El presidente Nayib Bukele denunció por años abusos en el nombramiento del personal asignado a los diputados de oposición en El Salvador y últimamente, como muestra de la poca e ineficiente comunicación entre el Ejecutivo y Legislativo atacó de frente y con toda saña a la opositora diputada Claudia Ortíz, de VAMOS, por tener una planilla de empleados y asesores de fracción supuestamente desmedida. Sin embargo, una investigación ha revelado que hay un escándalo mucho mayor en la fracción su propia bancada, Nuevas Ideas, donde los gastos desmedidos, lujos, viajes, modelos empleadas y personal de imagen llega a los más de 450 empleados legislativos destinados al placer y capricho de los diputados y diputadas, todo autorizado desde la Junta Directiva dirigida por el hombre de confianza de Bukele, Ernesto Castro.
La Asamblea Legislativa salvadoreña es vital para Nayib Bukele. Dominada por el presidente desde que su partido, Nuevas Ideas, ganó mayoría absoluta desde 2021, el legislativo ha sido el instrumento para cooptar el poder total del país, al entregarle a Bukele la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.
El manejo de la legislación por parte de su bancada, ignorando propuestas de la oposición le ha permitido aprobar una deuda pública que lleva hacia la quiebra financiera al país. Por su parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia autorizó un mecanismo, desde todo punto de vista ilegal e inconstitucional, para poder reelegirse en las presidenciales de este año. Mientras, la Fiscalía niega la justicia a la población y sepulta los reclamos ciudadanos de malos manejos por parte del Judicial contra personas inocentes, ensañándose contra cualquiera que considera estar en contra de su «patrón».
El escándalo en la Asamblea bukelista podría ser visto como el más grave acto de corrupción del Legislativo en la historia moderna de El Salvador.
Hace menos de quince días, un grupo de hackers conocido como CiberinteligenciaSV, publicó las planillas de colaboradores de la Asamblea y la lista de 451 personas contratadas como asistentes legislativos por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).
Los datos aportados revelan, entre otras cosas, que cada congresista de NI ha contratado un promedio de 8 asesores, entre camarógrafos, maquillistas, asistentes de prensa y relacionistas públicos, y que entre los empleados hay excongresistas que no pudieron reengancharse en las legislativas de este año, familiares de alcaldes y diputados oficialistas, modelos y edecanes, incluso exfutbolistas.
Al menos dos fuentes en el oficialismo salvadoreño, una militante del partido Nuevas Ideas y otra contratada en el Congreso, confirmaron a periodistas del medio argentino Infobae que la lista filtrada por CiberinteligenciaSV es auténtica.
Las fuentes pidieron el anonimato por temor las represalias que acostumbra aplicar el Gobierno a quienes «se salen del huacal».
Los tradicionales medios salvadoreños El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y El Mundo, sumados al medio digital LaGaceta503.com, han confirmado la lista de forma independiente.
La cosa se le complica aún mas al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cuando incluso militantes de NI han aceptado en redes sociales la veracidad de la nómina. Castro y sus autoridades legislativas, guardan silencio; esperando pase la tormenta.
Buena parte del dinero para pagar a los asesores legislativos proviene de una partida de USD 14,500 mensuales asignada a cada diputado de Nuevas Ideas, que son 54 en un cuerpo legislativo de 60 sillas. Si se cuenta, además, a tres diputados de partidos pequeños obedientes al presidente, se trata de un presupuesto de casi de USD 10 millones al año. Aquí no se cuenta el dinero entregado a colaboradores contratados por el Congreso que no son asignados a diputados o bancadas legislativas específicas, como los que trabajan en el departamento de comunicaciones de la Asamblea, pero que están bajo dirección de la comisión política y de la presidencia, también dominadas por Nuevas Ideas.
El mismo presidente Nayib Bukele fue quien destapó la olla de los millones de dólares que el congreso se gasta en fotógrafos, modelos, algunas, según una de las fuentes con servicios «especiales» aún dentro de las instalaciones legislativas y familiares de políticos oficialistas. Bukele, es su ignorancia, había intentado hacer los señalamientos hacia la oposición, formada en especial por Claudia Ortíz. «Irreflexivo» al menos es el término utilizado de la acciones del presidente, por allegados y críticos. Ya que aparentemente se ha descubierto que «una mano no le dice a la otra» de las ilegalidades y actos de corrupción que comete.
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Nayib Bukele, en una fotografía de archivo
En una reunión de Gabinete ampliado, que fue transmitida al público en cadena nacional y redes sociales, el pasado 5 de julio, supuestamente con el objetivo de buscar soluciones a la crisis económica que vive El Salvador, Bukele aprovechó para increpar a Ernesto Castro, uno de sus amigos predilectos, su exsecretario privado y actual presidente del congreso, por permitir que la diputada Ortíz recibiera una asignación de USD 20,000 para contratar asesores; Castro, dijo Bukele, había aceptado que “le metieron gol” con las contrataciones. Todo resultó una mentira, la diputada opositora aclaró que recibía USD 11,000 mensuales, menos que el resto de los legisladores y autorizado con la firma de Castro como presidente del Congreso.
«La mordida» de los diputados a Nuevas Ideas
William Soriano y Alexia Rivas, sin desmentir la cantidad de USD14,500, aceptaron que reciben USD 8,500 para contratación de personal, y que el resto queda en manos de la bancada.
Cuando asumió, en 2021, la mayoría bukelista, encabezada por Ernesto Castro, dijo que terminaría con los privilegios de los diputados y las contrataciones excesivas de asesores legislativos. Acto seguido, el congreso puso secreto a la información sobre planillas y asesorías, así como otros gastos y la declaró como reservada. Durante su primera gestión, además, Castro y sus diputados crearon comisiones que, se suponía, se dedicarían a perseguir la corrupción de legislaturas anteriores e interpelaron a varios excongresistas de oposición por gastos irregulares; algunos de esos procesos sí terminaron en acusaciones judiciales.
Hoy, la filtración informática ha revelado que los parlamentarios de Nayib Bukele siguen embarcados en las prácticas de «usos presupuestarios de los mismos de antes», pero un nivel mucho mayor, lo que en público habían recriminado a sus antecesores
Luces, cámara… diputado, «pushar» botones
La fracción de Nuevas Ideas vota siempre en bloque y lo hacen rápido cuando las iniciativas de ley o propuestas de acciones legales y jurídicas provienen son órdenes de la Casa Presidencial. Tanto la renovación mensual y sistemática del régimen de excepción decretado desde marzo de 2022 y la constante aprobación de nueva deuda pública son aprobadas en minutos, acción por la que existe una sentencia que da por ilegal cualquier legislación que no cuenta con la «suficiente y exhaustiva» discusión.
Durante la sesión plenaria del 31 de julio pasado, los diputados de Nuevas Ideas y partidos afines aprobaron, sin discusión previa, USD 1,274 millones de nueva deuda a través de la venta de títulos valores del Estado y de préstamos con el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, una de las pocas instituciones financieras internacionales que sigue prestando sin condiciones al gobierno salvadoreño. De ese dinero, al menos USD 20 millones irán a gastos discrecionales de casa presidencial. Ha sido, de hecho, el congreso bukelista el que más ha endeudado al país en los últimos 35 años.
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Asamblea Legislativa juramentada en mayo de 2024. Archivo
Un estudio citado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) asegura que más del 90% de las iniciativas de ley introducidas a la Asamblea Legislativa en los años de Bukele han llegado directamente de la presidencia de la República, y que la dispensa de trámite ha sido el mecanismo más utilizado para la aprobación de leyes. Ante esto, se pregunta el CEJ, “¿qué sentido tiene contar con un número excesivo de asesores si no hay evidencia del trabajo que realizan?”.
Discuten poco y se exponen menos, incluso ante comunicadores que ellos mismos contratan, cuando hay señalamientos que les atañen, pero se toman fotos, muchas fotos, que luego suben a sus redes sociales para, con sus rostros o sus cuerpos enfundados en trajes de cóctel como fondo, anunciar que asistirán a una sesión plenaria o que apoyan las iniciativas del presidente.
De los 451 asesores contratados por Nuevas Ideas, 133 están dedicados a labores de comunicaciones y afines de acuerdo con un análisis periodístico.
Legislaturas y diputados marcados por irregularidades
El asunto del despilfarro en asesores para diputados que discuten poco y promueven apenas el 10% de las iniciativas de ley en el congreso no es el primer escándalo que mancha el nombre de la bancada oficialista. Varios de sus diputados, los más conocidos y votados incluidos, han sido señalados por posibles actos de corrupción.
Ernesto Castro, el presidente del Legislativo y quien inició su carrera política en la gestión presidencial de Bukele como su secretario privado, ha sido señalado por presuntos actos de corrupción. Una empresa privada relacionada con Castro y su esposa, Michelle Sol, actual ministra de vivienda, recibió cerca de medio millón de dólares de una partida reservada de casa presidencial entre 2010 y 2011 según reveló una investigación del periódico digital El Faro. Cuando llegó a la Asamblea, Castro montó una comisión para investigar a exfuncionarios que habían recibido dinero de esa partida, pero se reservó poner su caso a discusión.
Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista en el congreso, admitió ante un juez la validez de un poder administrativo que lo vincula con una empresa que recibió centenares de miles de dólares en contratos públicos. Otra investigación periodística determinó que una compañía vinculada a este diputado había recibido contratos por al menos un millón de dólares durante la pandemia de Covid-19.
Uno de los que denunció casos como el de Guevara, primero en privado a asesores cercanos al presidente y luego filtró algunos datos a través de sus redes sociales, fue Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad nacional de Bukele a quien el presidente acusó de revelación de secretos. Poco después de hacer públicas algunas de aquellas denuncias, Muyshondt fue detenido en agosto de 2023; murió bajo custodia del Estado en febrero de este año, presuntamente y de acuerdo a acusaciones de su familia, fue largamente torturado y le abrieron el cerebro para dañarlo de manera permanente.
En 2021, cuando asumió la primera legislatura con mayoría bukelista, el diputado William Soriano publicó en sus redes sociales que él y sus colegas reformarían “el sistema de pensiones para llevar justicia y un retiro digno a los salvadoreños”. Un año antes, una empresa relacionada con su familia había sido demandada civilmente por no pagar las cuotas de pensiones a catorce trabajadores.
La familia de Soriano también estuvo vinculada a Alba Petróleos, el conglomerado financiero fundado por un político afín al chavismo a través del cual se lavaron millones de dólares. En 2021, el congreso bukelista, del que Soriano ya era parte, nombró fiscal general a Rodolfo Delgado, un abogado que había sido empleado de Alba Petróleos. Bukele y su entorno íntimo también recibieron millones de dólares de dinero venezolano, el caso no ha sido perseguido por el Ministerio Público.
Con información de Infobae, Agencia Digital de Noticias -ADN-, EDH, LPG, Afp, El Mundo
