301 personas arrestadas en el marco del régimen de excepción han fallecido en custodia del Estado salvadoreño y la mayoría de forma violenta, informó a periodistas Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
«En 28 meses del régimen de excepción hemos constatado la muerte de al menos 301 personas en centros penales de El Salvador», sostuvo Escobar en una entrevista de prensa.
Sin embargo, el Gobierno atribuye al régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, la disminución de la violencia, hasta convertir a El Salvador en uno de los países con menos asesinatos en Latinoamérica.
Escobar explicó que de esta cifra, únicamente una persona falleció en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el resto en otras prisiones de la república, como Izalco, en Sonsonate; La Esperanza, en San Salvador; Apanteos, en Santa Ana; Zacatecoluca, en la Paz; Quezaltepeque, en La Libertad y en los calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según Escobar, el 48 % de estas muertes «han sido por torturas, muertes violentas» y el 33 % por negación de tratamiento médico.
A la fecha hay más de 500 las denuncias de muertes de personas detenidas en centros penales las que ha recibido SJH, pero únicamente han logrado confirmar 301.
La primera vez que organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos dieron a conocer las primeras muertes en cárceles, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo, un año atrás, que se archivaron 142 casos, porque «no constituyen delito».
De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80,100 las detenciones, de las que más de 7,000 personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias han recibido más 6,000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.
Amnistía Internacional (AI) advirtió a inicios de diciembre de 2023 que la «violencia ejercida por el Estado salvadoreño», en el marco del un régimen de excepción, «reemplaza gradualmente» a la de las pandillas en las comunidades empobrecidas.
