El plan de «guerra contra las maras» del Gobierno de Nayib Bukele se enfrenta con un nuevo revés desde el exterior. La Audiencia Nacional española rechazó entregar al Estado salvadoreño al pandillero Mario Alberto R. S., por los “grandes riesgos” que existen de que se vulneren sus derechos fundamentales si resulta encarcelado allí.
En una contundente resolución de 38 páginas, fechada el 22 de abril, el tribunal descarta la extradición tras repasar el actual contexto, «Hacerlo», dicen los magistrados que componen la Sección Cuarta, podría poner «en grave riesgo su vida y su integridad física».
El hombre, que está acusado de pertenencia a organización criminal por haber sido colaborador externo de una de las maras fue juzgado y condenado en El Salvador a tres años y cuatro de prisión a pesar de que no ha estado presente durante el proceso judicial y no ha tenido derecho, por lo tanto, a un juicio justo.
En ese sentido, en un auto consultado por este periódico los magistrados de la Audiencia Nacional han decidido en línea con lo solicitado por la Fiscalía y han considerado que, a la vista de la situación político-social existente en la República de El Salvador y las circunstancias personales del reclamado, la petición de entrega debe ser rechazada.
“Proceder de otro modo implicaría amparar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física, a la vista de la situación actual” en el Estado requirente, subrayan. Una valoración que sigue la línea marcada por la Fiscalía, que ya consideró en su escrito que «la situación actual» en El Salvador «resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales» y que existe un «estado penitenciario calamitoso«.
Derechos humanos
La Sala explica que, tal y como establece el Tribunal Constitucional, la denegación de una extradición por posible vulneración de sus derechos fundamentales debe sustentarse en pruebas de que su integridad física o su vida de verdad se vean comprometidas si es entregado al país donde cometió los presuntos delitos.
En este caso, dice la Audiencia, “se ha constatado la existencia de una situación extraordinaria consecuencia del proclamado y reiterado estado de excepción en la República de El Salvador». Una situación a la que se ha llegado, entre otras razones, por la voluntad del Gobierno de luchar contra las pandillas, aunque diversas organizaciones de derechos humanos ya hayan manifestado su preocupación por los métodos empleados por Bukele para lograrlo.
Por ejemplo, los magistrados han tenido en cuenta para su decisión los distintos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que tiene el mandato de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la región y que actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ellos se insta a El Salvador a asegurar que las acciones de prevención y sanción de los crímenes y la delincuencia se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los derechos y la dignidad humana.
También recoge el comunicado de Amnistía Internacional de abril de 2023 relativo a la situación en El Salvador y en el que se denunciaba la comisión de “graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática” desde que se aprobara el régimen de excepción.
Avisaba de la llegada de la policía
El detenido en España cuatro meses después de esa condena, lleva desde entonces en prisión provisional. Las autoridades salvadoreñas sostienen que desde 2012, y hasta el 2016, fue un colaborador activo de una «organización criminal estable en el tiempo y perfectamente jerarquizada» conocida como los «Dieciocho Revolucionarios», una banda que opera en el llamado Barrio 18 y a cuyos miembros se les conoce como ‘homeboys’.
Su papel dentro de la organización, mantienen las autoridades salvadoreñas, era el de avisar de cualquier actividad policial que se produjera en la zona mientras ellos celebraban reuniones en las que se «planificaban extorsiones, se realizaba venta de droga a terceros» y «se planificaba y ejecutaba la compra de armas con las que [después] cometer homicidos«.
Por su parte, la defensa de este hombre sostiene que llegó a España huyendo, precisamente, de los miembros de esta mara, pues habría sido víctima de extorsión por su parte.