El exembajador estadounidense en Guatemala, Stephen McFarland, presentó un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para entrometerse en asuntos que incumben a la justicia y constitucionalidad de los guatemaltecos.
En una infortunada e intervencionista acción, McFarland busca respaldar la opinión consultiva solicitada por el presidente Bernardo Arévalo sobre un caso subjetivo, como es poner en tela de juicio la “honorabilidad” de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, para desempeñar el cargo.
Arévalo, en su afán de quitar del cargo a Porras, también ha presentado una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del MP, a quien señala de supuestamente “socavar la democracia” e intentar un “golpe de Estado” para evitar que tomara posesión de su cargo en enero pasado.
Las acciones de Arévalo podrían constituir una «vendetta» contra el equipo fiscal que ha investigado una serie de ilegalidades com,etidas por quienes lo llevaron a la presidencia de la República, el Movimiento Semilla.
El documento fue presentado el pasado miércoles 15 de mayo, en nombre del exembajador McFarland, por el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford (SLS).
Intervencionismo
Stephen McFarland pretendería de esta manera influir en asuntos meramente guatemaltecos que se están ventilando en los canales correspondientes, pero según la carta presentada se pretende, a través de la figura del «amicus curiae» con la intención de «afectar» un proceso que debe ser analizado por los guatemaltecos y sus instituciones legalmente constituidas.
McFarland busca utilizar a la Universidad de Standford para compartir supuestas normas jurídicas internacionales sobre la rendición de cuentas de los fiscales y se atreve a señalar el marco jurídico actual en Guatemala no cumple con las obligaciones internacionales del país al respecto.
La Constitución Política de la República de Guatemala, como requisito para ejercer el cargo de fiscal general y jefe del MP, así como la Presidencia, considera la honorabilidad como un aspecto fundamental para el ejercicio del mismo.
Por ello, presentaron una serie de preguntas, subjetivas, al máximo órgano constitucional, con las cuales pretenden conocer la postura de los magistrados de la CC.
Una de las preguntas más peligrosas del cuestionario que busca afectar a Porras es “¿Debe el requisito de reconocida honorabilidad ser cumplido únicamente al momento de optar al cargo público o se debe mantener vigencia durante el ejercicio de la función pública?”, lo que podría dar pié a la «duda» del accionar fiscal durante los últimos dos períodos, poniendo en peligro toda investigación y por lo tanto condenas de diversos delitos.
Las acciones de McFarland recuerdan a los guatemaltecos con vocación democrática las intervenciones de los Estados Unidos de Norteamérica en 1944 contra Juan José Arévalo Bermejo (padre del actual presidente, Bernardo Arévalo), quienn se encontraba exiliado en Argentina y era líder del recién creado Partido de Renovación Nacional (PRN), a quien no pudo detener en su llegada al poder.
Agotada la presidencia de Juan José Arévalo, el que fuera su ministro de Defensa, el coronel Jacobo Árbenz, tomó el relevo en la jefatura del Estado guatemalteco.
Su presidencia fue asediada por los intereses de EE.UU, la CIA se involucró militarmente y con la ayuda del coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas, derrocó a Árbenz Guzmán.