El expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, quien enfrenta proceso penal por su presunta implicación en un caso de supuestas plazas “fantasma” en ese organismo, recuperó su libertad por medidas que sustituyen la prisión, luego de permanecer encarcelado los últimos tres meses.
El beneficio para el exdiputado se concretó después de que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó una exhibición personal planteada a su favor y le ordenó al Juzgado de Mayor Riesgo “A” emitir los recibos para el pago de la caución económica.
En octubre pasado, los abogados del sindicado alegaron una detención ilegal porque ya se había autorizado la medida sustitutiva y la jueza Claudette Domínguez, caprichosamente, se negó a dar el recibo y les indicó que lo haría hasta que le enviaran la respectiva ejecutoria.
En ese sentido, la defensa presentó un recurso que fue rechazado posteriormente por la Sala Segunda de Apelaciones al considerar que todavía se encontraba dentro del plazo para dar cumplimiento a la resolución que le permitiría al sindicado salir de prisión.
En tanto, ante las nuevas acciones de los abogados finalmente se completó el proceso respectivo para que Rabbé pueda seguir enfrentando a la justicia sin estar tras las rejas.
El exdiputado Luis Rabbé está implicado en la contratación irregular de personal en el Legislativo. Los hechos ilícitos se habrían registrado en el período 2015-2016 cuando era presidente de la junta directiva de ese organismo.
Según investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exdiputado habría ordenado la creación de un total de 164 plazas. Se estableció que las personas contratadas no cumplían con el perfil del puesto. Además, se le habría dado posesión retroactiva de sus cargos.
En ese contexto, la Fiscalía le atribuye los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. El Juzgado de Mayor Riesgo “A” resolvió en septiembre pasado ligarlo a proceso penal por estos cargos.
En esa ocasión, el órgano jurisdiccional le dictó prisión preventiva; sin embargo, un mes después una Sala admitió un recurso de la defensa y le otorgó medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario y una caución económica.
