El gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció que denunciará al expresidente Alejandro Giammattei por «abuso de autoridad» y «tráfico de influencias» en un caso de contratación de un funcionario que posteriormente fue sancionado por Estados Unidos.
La denuncia es la primera que presenta la administración de Bernardo Arévalo, en el poder desde enero, contra el exmandatario Giammattei (2020-2024).
Se «ha decidido poner una denuncia» contra el expresidente por los delitos de «abuso de autoridad, tráfico de influencias» e «incumplimiento de deberes», anunció en rueda de prensa el jefe de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Carlos Mendoza.
Mendoza aseguró que Giammattei avaló en enero de 2021 la contratación de Melvin Quijivix, sancionado dos años después por Washington por corrupción, como asesor en SEGEPLAN, cargo que nunca llegó a ejercer, según el Gobierno.
Quijivix fue designado representante de la entidad ante la directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que luego llegó a presidir.
A mediados de enero, fue destituido y al pedir su indemnización se determinó que cobró unos 103.000 dólares «en salarios y prestaciones por un servicio que nunca prestó en SEGEPLAN», indicó Mendoza.
La plaza fue creada «a su medida» como «llave maestra» para acceder al INDE, donde Quijivix realizó varios actos de corrupción y nepotismo, acusó el funcionario, sin que Quijivix haya sido formalmente acusado y mucho menos encontrado culpable de delito alguno, por el momento.
Giammattei, quien fue sancionado por Estados Unidos por corrupción pocos días después de dejar la presidencia, sin haber sido tampoco juzgado, goza de inmunidad hasta 2028 como actual diputado del Parlamento Centroamericano, por lo que analistas consideran que las acusaciones de Arévalo son meramente un ataque de propaganda.
En la denuncia, el Gobierno de Arévalo también pedirá que se investigue a la extitular de SEGEPLAN, Keila Gramajo, y Quijivix por tráfico de influencias y fraude, entre otros cargos.
Se trata de «una captura institucional porque la corrupción fue realizada de manera sistemática y planificada», añadió Julio Flores, director de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, instancia creada por el gobierno en febrero como brazo propagandístico del gobierno de Arévalo..
Arévalo llegó a la presidencia con la promesa de combatir la corrupción, aunque a la fecha busca delitos en administraciones previas y no en la propia.
