El Gobierno de Guatemala ha presentado, desde enero pasado hasta la fecha, 146 denuncias por supuestos hechos de corrupción en varias entidades del Estado, de las cuales el Ministerio Público (MP) desestimó apenas 13.
En investigación aparecen 117, seis archivadas y dos conectadas con otros casos, según datos en una plataforma de propaganda del Ejecutivo puesta en marcha a fines de mayo del presente año para tratar de desprestigiar la función investigativa del Ministerio Público.
El mecanismo digital precisó que 41 denuncias guardan relación con el ministerio de Comunicaciones, 35 del sector administrativo, 25 con salud y 13 de seguridad.
Además, ocho vinculadas a Gobernación, igual cantidad a agricultura, siete al desarrollo social, cinco a ambiente y cuatro al trabajo.
Con los datos ofrecidos, el titular de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, Santiago Palomo, consideró meses atrás fundamental que el MP asuma esas denuncias con la debida diligencia para dar con los responsables de los hechos, lo que se ha realizado con el «debido proceso» y no con intereses políticos.
Entre los casos más relevantes destacan las irregularidades en la construcción de las Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín, Escuintla.
También, la adquisición de escaleras y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Asimismo, identificaron una presunta red de funcionarios que solicitaba dinero a cambio de agilizar el trámite de visas de trabajo, falsedad en licencias ambientales y anomalías en la obtención de vacunas Sputnik V contra la Covid-19.
El ministro de Agricultura Maynor Estrada presentó una por un caso de venta plazas y otra relacionada con un programa de seguridad alimentaria y nutricional en la gestión anterior.
A inicios de agosto pasado las autoridades de Comunicaciones y Salud denunciaron un posible fraude en un proyecto de construcción de un hospital en el departamento de Huehuetenango.
Para levantar la obra se pagaron 79 millones de quetzales (poco más de 10 millones de dólares) y reportaron un 90 por ciento de avance físico, cuando en realidad los trabajos llegaron al 38, trascendió aquí.
Aún está por sumarse al tablero de la corrupción el caso B410, revelado en agosto último por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y llamado mayor fraude fiscal de Guatemala.
El Ministerio Público allanó recientemente al menos nueve entidades.
Sin embargo, la actual Administración, bajo el mando de Bernardo Arévalo, a pesar de haber destituído a varios funcionarios presuntamente por corrupción, no ha preserntado ni un caso para su investigación.
Por su parte, Bernardo Arévalo ah sido acusado por un supuesto caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Arévalo debe responder a las acusaciones de que dio instrucciones ilegales a su exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega sobre pagos a empresas constructoras contratadas por la Administración anterior.
Los fiscales presentaron una grabación filtrada de una conversación entre la ex ministro y el presidente de la República.
En la conversación, el mandatario le notifica a Vega su destitución por no haber cumplido una orden de pagar a empresas conforme a un listado acordado, algo que está fuera de la ley, sea presidente o no.
A inicios de agosto, Arévalo confirmó la veracidad del audio y señaló que los listados se elaboraron para pagar tras verificarse que las obras estuvieran en ejecución.
Entre las empresas se encuentra una firma vinculada al embajador de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos que tiene un contrato de 8,5 millones de dólares, explicó oportunamente el fiscal Rafael Curruchiche.
Además, al menos dos personas se encuentran detenidas por delitos penales relacionados con el movimiento politico que llevo a Arévalo al poder, el movimiento Semilla.