Un reconocimiento incriminatorio por parte del cuñado de la presidenta de Honduras apenas días después de que la nación anunciara que pondría fin a su tratado de extradición con Estados Unidos está azuzando temores entre los hondureños de que continúa el legado de corrupción en el país.
La presidenta Xiomara Castro había inspirado esperanza cuando fue elegida para ser la primera mandataria del país centroamericano en 2021 con base en la promesa de “sacar a Honduras del abismo en el que nos han sepultado el neoliberalismo, el narcodictador y la corrupción”.
A pesar de estar casada con el expresidente Manuel Zelaya Rosales —derrocado en un golpe de Estado en 2009—, Castro fue una bocanada de aire fresco para muchos hondureños tras la presidencia de Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado en junio a 45 años de cárcel por un tribunal estadounidense por cargos de narcotráfico.
Pero debido a que la violencia de las pandillas ha seguido sacudiendo a Honduras y a que varios escándalos han agobiado al gobierno de Castro, la frustración ha reemplazado ese optimismo inicial para muchos hondureños, que ahora ven en ella a la misma clase de gobernantes corruptos que han estado al frente de su país por largo tiempo.
“Pensábamos que acabaría la corrupción con Xiomara Castro, porque se supone que iban a marcar una diferencia de gobiernos anteriores, pero han resultado iguales o peores”, sostuvo Gabriel Hernández, de 44 años, quien trabaja en mercadotecnia en la capital Tegucigalpa.
El golpe más reciente ocurrió este fin de semana, cuando el cuñado de Castro, Carlos Zelaya —diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) y secretario del Congreso—, reconoció que se había reunido con el líder de la organización narcotraficante “Los Cachiros” en 2013.
Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, reveló los detalles a la prensa cuando acudió al Ministerio Público el sábado para declarar con respecto a una investigación sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Dijo que el narcotraficante ofreció respaldar la campaña de Libre ese año, cuando Castro se postuló a la presidencia sin éxito. Zelaya explicó que en esa época desconocía que las personas que acudieron a la reunión estaban relacionadas con el tráfico de drogas.
“Hace 11 años a mí se me invitó a participar en una reunión en la que estaba un grupo de empresarios que querían hacer una aportación a la campaña”, expresó Zelaya a periodistas al salir del Ministerio Público. “Estoy convencido que esa reunión fue grabada de todo lo que pasó ahí. Caí en una trampa, asumo mi responsabilidad”.
Hizo ese reconocimiento tan sólo unos días después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, anunció que el país pondría fin a un tratado de extradición con Washington luego de una disputa con un diplomático estadounidense. El tratado había estado vigente durante más de un siglo. Desde 2014, un total de 64 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos, en gran medida bajo cargos de tráfico de drogas. Uno de ellos fue el expresidente Hernández.
“No creo que esto sea una coincidencia, no creo que sea algo al azar… Este es un asunto que podría ser un punto de inflexión en la presidencia de Castro”, dijo Tiziano Breda, experto en Centroamérica en el Instituto Affari Internazionali de Italia. “A menos que Castro se retracte y reestablezca el tratado de extradición, inevitablemente esta medida será considerada una forma de proteger a su familia”.
Esas sospechas fueron compartidas por hondureños como Hernández, el trabajador de mercadotecnia, que dijo que incluso “cualquier persona común y corriente como yo” puede saber que eso no es coincidencia.
El descontento podría ser un lastre político para Castro y su partido en el tiempo que falta para los comicios del año próximo, dijo Breda. Las medidas recientes por parte del gobierno “debilitan el argumento que llevó a Libre al poder, que fue básicamente expulsar a la élite corrupta que estaba en contubernio con organizaciones de narcotráfico”, agregó.
Las frustraciones entre los hondureños coinciden con un descenso en la aprobación pública del desempeño de la presidenta. El desempleo, la crisis económica y el fracaso en reducir los niveles de violencia agudizan ese descontento.
“Yo pienso que es común de los políticos hacer ese tipo de jugadas. Siempre andan buscando la manera de cómo librarse de la justicia, de no rendir cuentas ante la población, de ocultar sus fechorías y de esa manera continuar su legado de corrupción, que en definitiva nunca acaba”, expresó Hernández.
No es la primera vez que Castro ha enfrentado críticas por una aparente corrupción.
El año pasado, la directora de una organización hondureña de combate a la corrupción huyó del país junto con su familia por las amenazas que recibió tras publicar un informe sobre nepotismo en el gobierno de Castro. La organización había advertido de una concentración de poder debido a que algunos puestos gubernamentales estaban siendo ocupados por hijos de Castro y otros parientes suyos y de su esposo, el exmandatario.
Al anuncio de Carlos Zelaya le siguió otro de su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, quien presentó su renuncia con el propósito de garantizar que haya una investigación objetiva hacia su padre.
El domingo, Castro anunció que Zelaya Rosales, su sobrino, sería reemplazado en el cargo de ministro de Defensa por Rixi Moncada Godoy, quien aspira a la presidencia.
Castro dijo que nombró a la abogada Moncada Godoy “para que haga ondear nuestra bandera en lo alto y nos haga recordar que nuestro verdadero valor radica en un pueblo digno, resistente y decidido a forjar su propio destino”.
