La fiscalía de Guatemala acusó el viernes al presidente Bernardo Arévalo de orquestar un «ataque sistemático» contra ella para «impedir» investigaciones que le puedan afectar a él o a su grupo más allegado.
«Rechazamos categóricamente todas estas aseveraciones de un ataque sistemático del Organismo Ejecutivo. Lo que es evidente que buscan […] es impedir las investigaciones del Ministerio Público», dijo el número dos de la fiscalía, Ángel Pineda, en rueda de prensa.
El conflicto entre Arévalo y la fiscal general, Consuelo Porras, escaló durante la semana semana luego que la fiscal general, Consuelo Porras pidiera el miércoles a la Corte Constitucional su visto bueno para procesar penalmente al mandatario socialdemócrata por desobedecer una orden de abstenerse de intentar removerla del cargo.
Arévalo respondió el jueves con una nueva solicitud a la Corte Suprema para retirar la inmunidad de Porras, a la que acusa de poner en riesgo la democracia con investigaciones que que afectan al movimiento político que lo llevó al poder y que hicieron dudar de la transición presidencial en enero.
Proceso contra el vocero de la Presidencia
Además, la fiscalía anunció que el juez Freddy Orellana avaló investigar al secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, por revelar detalles de un caso en reserva.
La causa está relacionada a la investigación contra el partido Semilla de Arévalo. Palomo es señalado de publicar, en medios oficiales, que la fiscalía había «secuestrado» el padrón electoral con «datos sensibles» de ciudadanos.
Pineda afirmó que el gobierno utiliza «una narrativa que se basa en mentiras» contra la fiscalía, que busca retirarle la inmunidad a Arévalo desde que dio la sorpresa en las elecciones de 2023 para investigarlo por supuesto lavado de dinero en la conformación de Semilla en 2017, entre otras causas.
Arévalo ha pedido públicamente la renuncia de Porras y en mayo presentó una iniciativa de ley para obtener la facultad para removerla, pero el proyecto no ha avanzado en el Congreso. La fiscal tiene mandato legítimo hasta 2026.
