El Congreso de la República aprobó, el pasado martes, varias reformas al artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, a instancia del partido político oficialista, Movimiento Semilla.
Los congresistas aprobaron que la normativa no sea aplicable «a las personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica, o bien, a leyes constitucionales. Tampoco es aplicable a las organizaciones políticas, las cuales, para efectos de suspensión y/o cancelación, se encuentran únicamente sujetas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos».
El objetivo específico de la modificación en la legislación guatemalteca es lograr que la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, ordenada por un juez pueda levantarse.
La fiscal del caso «Corrupción Semilla», Leonor Morales, aseguró a periodistas que dicha modificación a la ley “no necesariamente” afecta el proceso en contra del partido oficialista.
«El Ministerio Público está realizando el análisis jurídico correspondiente y procederá como estime pertinente de acuerdo a lo que determine y pueda ver el presente proceso específicamente», indicó.
La fiscal Morales advirtió que la modificación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, para proyeger al oficialismo, pueda afectar otros procesos penales.
Morales aseguró que la reforma «no necesariamente» significa que la suspensión de la persona jurídica de Movimiento Semilla se levante.
«No necesariamente. La misma ha sido ratificada a través de seis fallos que, incluso, ya han sentado y creado jurisprudencia. Hay seis fallos e incluso de la Corte de Constitucionalidad que han sostenido y han resguardado esta medida ordenada por el juez contralor», explicó.
