El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, explicó el martes la situación en la que se encuentran los menores de la comunidad Lev Tahor que fueron rescatados en seguimiento a denuncias por posibles abusos.
Un juez de Paz de Protección Familiar resolvió que los menores de edad debían regresar al albergue Nuestras Raíces, ubicado en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, una orden a la cual se le dio cumplimiento en horas de la mañana del lunes, en medio de un tenso momento donde se expresaba oposición de parte de los integrantes de esa comunidad y los propios menores ante su resguardo.
De momento se han contabilizado 154 niñas, niños y adolescentes. En el caso de las mujeres, por el tipo de vestimenta (burka) que utilizan, se ha dificultado establecer si son mayores o menores de edad.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el procurador detalló que se realiza un esfuerzo por parte de varias instituciones del Estado enfocado en la protección de lo menores, aunque destacó la «enorme y excelente» labor de parte de la Secretaría de Bienestar Social, encabezada por Marvin Rabanales.
Con respecto a las personas rescatadas, explicó que actualmente permanecen bajo la medida de protección de abrigo temporal excepcional y provisional, el cual forma parte de las disposiciones que activa Guatemala para quienes se encuentran en su territorio.
Indicó que se decidió ingresarlos al referido albergue tomando en cuenta el contexto, ya que por la forma en que estas personas viven y su credo, no existe en Guatemala, e incluso posiblemente en el mundo, un centro especial capaz de atender cada una de las necesidades que puedan tener como comunidad.
Entonces, lo que se hizo fue poner a disposición la referida sede y buscar cómo adaptar ese centro para que se pudiera recibir a estas personas.
De acuerdo con el funcionario, el 20 de diciembre el Ministerio Público llevó a cabo un allanamiento derivado de denuncias a las que se les está dando seguimiento y se hizo una labor de coordinación con las distintas instituciones, incluida la PGN, que participó de acuerdo a su mandato al ser convocada.
«Lo que encontramos son condiciones que realmente, en ese momento, demostraron la necesidad legal e institucional de actuar, con base en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, iniciar toda esta serie de generar informes psicosociales para determinar si hay o no vulneración de derechos», dijo.
Según el entrevistado, al estar en el lugar pudieron a priori determinar que no es un espacio adecuado el que tienen en Santa Rosa, de donde fueron rescatados. Además, que los menores podrían estar siendo vulnerados por derechos evidentes como el de la salud, educación, a la identificación.
«Y lo más grave, pudimos verificar de manera vidente que podría haber mujeres adolescentes madres e incluso embarazadas. Entonces, son aspectos que como institución no podemos dejar pasar, sino que, al contrario, es nuestra obligación de reaccionar», agregó.
El funcionario también se refirió a cómo se dio el ingreso de la comunidad Lev Tahor a Guatemala. Indicó que inicialmente se sabe que estas personas estuvieron en Canadá, donde hubo incompatibilidad de su sistema educativo con el de ese país, por lo que se movilizaron a EE.UU., donde tuvieron «problemas importantes».
Después, se trasladaron a México, donde tras una serie de incidentes tomaron la vía de escapar y burlar el sistema de protección de la niñez y la adolescencia, tal como el que se dio el pasado fin de semana en Guatemala, aunque aquí fue un intento fallido, ya que fueron rescatados nuevamente por las autoridades.
«En México sí les funcionó. Lograron salir, rompieron los portones del lugar donde estaban bajo sistema de protección y vinieron a Guatemala. ¿Por qué en Guatemala?, porque el país presentaba unas condiciones envidiables de clima, pero lamentablemente también condiciones de debilidad institucional», enfatizó Saavedra.
El procurador insistió en que absolutamente ninguna persona se encuentra por encima de la ley, lo cual aplica esencialmente en el caso de la comunidad Lev Tahor, pues consideró que no se puede concebir bajo un estado de derecho que la ley se aplique para todos, salvo ciertos espacios territoriales. En ese sentido, aseguró que continuará trabajando.
«Yo no voy a parar. Yo voy a continuar con lo que el mandato legal establece hasta lograr que se tutelen los derechos y que realmente los niños, niñas y adolescentes estén protegidos bajo el sistema guatemalteco», puntualizó.
