Las familias mexicanas que ingresaron a Guatemala huyendo de la violencia criminal, se han distribuido en tres comunidades del municipio de Cuilco, cerca de la frontera con México, al tiempo que se reporta el paso de nuevos grupos.
Desde la noche del martes, cuando llegaron a territorio guatemalteco las primeras familias mexicanas, originarias de los municipios chiapanecos de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera, se desplegó un operativo de asistencia.
Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional Civil (PNC), reforzaron el operativo en la frontera para evitar el cruce de células criminales a territorio guatemalteco.
Una fuente que asiste a migrantes centroamericanos que pasan por este municipio hacia México, dijo ayer que sabía del ingreso de un nuevo grupo de desplazados, pero no aportó más datos.
Por lo pronto, el ayuntamiento de Cuilco en el departamento de Huehuetenango y otras organizaciones civiles recababan alimentos, cobijas y medicamentos para apoyar a los mexicanos, que huyen sin pertenencias. Se tiene previsto que la mañana de este viernes funcionarios municipales y organismos civiles lleven ayuda asistencial a las familias.
Hasta el jueves por la noche unos 297 hombres, mujeres y niños mexicanos permanecían en las comunidades Monte Rico, Unión Frontera, Ampliación Nueva Reforma, en una zona montañosa a unos 2 mil metros sobre el nivel del mar, donde para llegar se necesitan vehículos de doble tracción.
En Cuilco, un municipio con comercios de productos mexicanos, hoteles, restaurantes y negocios de telefonía, ropa y electrónicos, sólo algunos de los pobladores saben de la presencia de los mexicanos en este territorio. “Están allá arriba, en aquella loma”, asegura un muchacho que conduce un mototaxi.
“Nuestro gobierno no hizo nada”
“Salimos el 23 de julio porque hay balaceras todo el día en la comunidad. Salimos corriendo y dejamos nuestras casas, siembras y animales”, contó a periodistas uno de los refugiados, quien pidió el anonimato, aunque detalló que salió del municipio de Amatenango, en Chiapas.
Los mexicanos se encuentran en una comunidad denominada Ampliación Nueva Reforma.
Los desplazados, entre ancianos, mujeres y niños, cruzaron la frontera y se refugiaron en territorio guatemalteco, entre las montañas que dividen a ambas naciones.
“Nuestro gobierno nunca hizo nada. Tenemos cuatro años con este problema y ahora tuvimos que salir corriendo porque los balazos llegaban a mi casa”, denunció otro hombre.
De acuerdo con las familias afectadas, el temor aumentó cuando los grupos criminales comenzaron a reclutar a jóvenes de las comunidades, y pidieron al gobierno mexicano retomar el control para que ellos puedan volver a sus hogares.
“Todas las tardes se escuchan balazos en el valle de Amatenango. No sabemos cuánto tiempo van a estar enfrentándose, pero no podemos volver”, recalcó otro desplazado.
Violencia desatada
Las hostilidades entre las dos organizaciones criminales que se diputan el control del territorio de Chiapas se recrudecieron el lunes 22 de junio en varias comunidades de la Sierra Madre, donde desde mayo se han reportado bloqueos carreteros, asesinatos, reclutamiento forzoso y el desplazamiento de habitantes de varios poblados.
Ese día volvieron los bloqueos carreteros en varios puntos de las regiones fronterizas y sierra, en carreteras que conectan con la Selva, Centro, Costa y Guatemala, por parte de bases de apoyo de los grupos criminales, principalmente en la Carretera Panamericana, la vía federal 201 y otras vías estatales en la sierra.
Los campesinos son obligados por los criminales a participar en los bloqueos carreteros para evitar el paso de la Guardia Nacional, el Ejército y los grupos contrarios.
En Frontera Comalapa, la población más importante de la sierra, las actividades pararon con el cierre de los accesos. A tres días de la movilización no había suministro de alimentos ni combustible.
Este jueves, continuaban los bloqueos carreteros en la Panamericana, la vía federal 201 y carreteras estatales.
