La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio de Guatemala anuló todo el proceso judicial en contra de nueve exmilitares, entre ellos varios de alto mando, acusados por la supuesta desaparición forzada de más de 500 personas entre 1982 y 1988.
La Sala del Organismo Judicial guatemalteco ordenó borrar todo el proceso judicial efectuado hasta ahora en el caso denominado «Creompaz», iniciado en 2016.
La decisión judicial responde a un amparo otorgado a favor de Carlos Augusto Garavito Morán, uno de los militares señalados en el caso, quien accionó en contra del proceso, alegando que el Juzgado de Mayor Riesgo A nunca tuvo competencia ampliada para conocerlo.
Los militares beneficiados con la decisión son César Augusto Ruiz Morales, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Raúl Dehesa Oliva, Byron Humberto Barrientos Díaz, Carlos Augusto Garavito Morán, Juan Ovalle Salazar y Édgar Justino Ovalle, este último prófugo de la justicia.
También el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años y hermano del dictador Romeo Lucas García (1978-1982). Sin embargo, Benedicto Lucas García ya cumple actualmente una condena de 30 años por otro crimen de guerra.
Los militares estaban acusados de la desaparición forzada de 565 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2012 atados de pies y manos en 85 fosas, en un cementerio clandestino que hoy ocupa el cuartel militar Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Dicha base se encuentra en el departamento de Alta Verapaz, al norte de Guatemala.
Los presuntos asesinatos tuvieron lugar durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, y que dejó alrededor de 250.000 personas fallecidas y desaparecidas, tanto a manos del Estado como de la entonces guerrilla.
La sala de Apelaciones, presidida por el abogado Miguel Catalán Orellana, ordenó de igual forma la liberación inmediata de los militares vinculados al caso, quienes se encuentran en prisión preventiva.
El 20 de febrero pasado, la jueza Claudette Domínguez fue la encargada de beneficiar con medidas sustitutivas y el cierre del caso a los militares, previo a la confirmación de la Corte de Constitucionalidad.