El Congreso de Guatemala eligió la semana anterior a 156 magistrados titulares de las cortes de apelaciones como parte de la renovación de un sistema judicial que no se ha doblegado a los caprichos del presidente Bernardo Arévalo, quien demandaba un proceso para colocar en el sistema judicial personas adeptas a su línea política partidaria y propensas a obedecer sus intereses, por encima de los del país.
Los nuevos jueces, elegidos de un listado de 300 candidatos propuestos por una comisión integrada por abogados, decanos de Derecho y magistrados de justicia, tendrán en sus manos impartir justicia los próximos cinco años a partir del 13 de octubre de este año. La comisión de postulación no aceptó quejas y denuncias presentadas desde los órganos de propaganda de la Presidencia de la República y encubiertas por supuestas organizaciones de la sociedad civil contra los candidatos que no favorecerían sus intereses.
Tras una sesión de más de seis horas, los diputados votaron mediante un tablero electrónico por cada uno de los candidatos. Aquellos que obtuvieron más de 81 votos —de 160 diputados al Congreso— fueron elegidos para las cortes de apelaciones.
Las organizaciones sociales dirigidas desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede de Gobierno, habían denunciado que ya existían listas de personas consensuadas por los políticos para ser electos, en un intento por deslegitimizar la elección.
La semana pasada el Congreso también eligió a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de mayor jerarquía y que se encarga de validar o despreciar los fallos de apelaciones.
La elección es un revés para la presidencia de Bernardo Arévalo, quien lidera una guerra intestina contra el Ministerio Público, liderado por la fiscal Consuelo Porras, por investigar una serie de delitos e ilegalidades cometidos desde el movimiento político que llevó a Arévalo a la presidencia de Guatemala, incluyendo al mandatario y varios de sus más cercanos colaboradores.