Tribunal ordenó el retorno a prisión de José Rubén Zamora

La sala segunda de apelaciones revocó el viernes el arresto domiciliario que había recibido el periodista convicto José Rubén Zamora Marroquín y ordenó que vuelva a prisión preventiva.

Así, Zamora Marroquín, de 68 años, deberá volver a la prisión militar de Mariscal Zavala donde había pasado 813 días hasta el pasado 19 de octubre, cuando un juzgado decidió darle dicha medida sustitutiva.

El comunicador fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022, acusado en caso de lavado de dinero.

De acuerdo con José Carlos Zamora, hijo del periodista, la mañana del viernes fueron notificados sobre la orden judicial que envía de vuelta a prisión a su padre y la medida debe ser cumplida en las próximas 48 horas.

A principio de semana el periodista asistió al Palacio Nacional de Cultura (Sede de Gobierno) invitado por el presidente, Bernardo Arévalo, su amigo personal, a la firma de la declaración de Chapultepec, con la que el Estado de Guatemala se comprometió a respetar la libertad de expresión.

Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del mandatario Bernardo Arévalo de León junto al periodista José Rubén Zamora el lunes en Ciudad de Guatemala

Según acusadores y víctimas, Zamora cobraba «comisiones» por no publicar investigaciones que realizaba con el equipo de investigación del periódico de su propiedad «El Periódico», acusaciones que han sido desmentidas por empleados y personalidades del gobierno liberal en turno, al colmo de la intromisión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en asuntos judiciales.

A finales de octubre pasado, José Rubén Zamora Marroquín dijo durante una entrevista en su residencia que no descartaba que buscarían regresarlo a prisión: “Pueden tener la tranquilidad de que no me iré del país, aquí los estaré esperando”, declaró en aquella oportunidad.

Entre 2022 y 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el proceso penal contra el periodista estuvo marcado por anomalías como no permitirle presentar pruebas de descargo o la persecución penal contra sus abogados defensores, acusaciones que no fueron cursadas por las autoridades legales guatemaltecas.

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