El Ministerio de Comunicaciones deberá informar al Gobierno sobre una supuesta red de trata de personas que operó desde dicha cartera al menos desde el último Ejecutivo.
La Comisión Nacional Contra la Corrupción, creada resientemente por el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, indicó en un comunicado de prensa que el pedido nace «tras una investigación periodística» publicada al respecto.
La recién destituída ministro de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, explicó en un reportaje al medio «Con Criterio» que habían descubierto que dentro de la planilla de la entidad había una red de prostitución.
Vega incluso aseguró en la denuncia, que existía «un catálogo» de mujeres contratadas por el Ministerio de Comunicaciones para «los diferentes requerimientos de los funcionarios» de la Administración anterior.
Se desconoce si las declaraciones de la exministro Vega fue uno de los detonantes que aceleraron su salida de la secretaría de Estado a los 4 meses de haber tomado la cartera.
«La seriedad de la acusación es alarmante», aseguró la Comisión Nacional Contra la Corrupción.
La relación de datos del medio Con Criterio precisa que las mujeres que eran víctimas de la red de prostitución cobraban entre 1.250 y 1.400 dólares mensuales del Estado, al menos durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).
La Comisión Nacional Contra la Corrupción añadió que «de comprobarse la veracidad de las acusaciones» habrá existido una «violación a los derechos humanos».
Es por ello que la entidad recién creada por Arévalo de León instó al Ministerio de Comunicaciones a enviar la documentación relacionada para poder denunciar ante las autoridades los actos cometidos en administraciones anteriores.
Hasta el momento la presidencia de la República no ha notificado al Ministerio Público de los hallazgos, sin embargo, una fuente fiscal informó a LaGaceta502 que por la gravedad de los hechos la fiscal María Consuelo Porras ordenó de inmediato una investigación «de oficio», para dilucidar los posibles delitos cometidos.
