La máxima instancia de justicia de Guatemala se abstuvo de responder una consulta que le hizo el presidente Bernardo Arévalo, que buscaba obtener su aval para remover a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras.
El presidente, que no tiene la facultad para destituir a la fiscal, había preguntado el 8 de abril a la Corte de Constitucionalidad si Porras cumplía el requisito de «honorabilidad» para seguir en el cargo tras señalamientos de «socavar» la democracia y de no estar «comprometida en la lucha contra la corrupción».
La Corte «se abstiene de emitir la opinión que solicitó el presidente», indicó en una resolución divulgada el lunes.
Agregó que las interrogantes fueron «formuladas» con «falencias» y estableció «que no es viable conocer el planteamiento» del mandatario.
El mandatario, por desavenencias políticas le ha pedido públicamente a la fiscal su renuncia, pero ella se niega a dimitir.
En febrero, Arévalo denunció a la fiscal ante la Corte Suprema para que le retire la inmunidad por supuesto incumplimiento de deberes, en lo que el tribunal no se ha pronunciado.
A inicios de mayo, el gobernante presentó personalmente un proyecto de ley que le facilite destituirla pues en la actualidad solo puede hacerlo con causa justificada como una condena penal. La iniciativa no ha avanzado en el Congreso y es, según expertos una solicitud inconstitucional.
Porras es fiscal desde 2018 y en 2022 comenzó su segundo periodo, que va hasta mayo de 2026.
