El Gobierno de Guatemala presentó, a poco más de un mes que termine el año, la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad 2024. La presentación fue realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, sede de Gobierno, por el presidente Bernardo Arévalo.
El mandatario explico en su presentación que uno de los grandes desafíos de su gobierno es garantizar la seguridad de todos y todas las guatemaltecas. “La efectividad que logremos en esta tarea depende en gran medida de la forma en que entendamos la seguridad”, dijo.
El mandatario señaló que durante las últimas décadas la gestión pública en esta materia priorizó acciones represivas, reforzadas por discursos de criminalización y estigmatización.
Sin embargo, indicó que la respuesta de la sociedad a este problema quedó plasmada en los Acuerdos de Paz, donde uno de los caminos más importantes que se trazó fue la reforma al tema de seguridad.
Arévalo resaltó que durante su administración se ha actualizado la política nacional de seguridad democrática, ajustándola al contexto actual de amenazas y de riesgos que se está enfrentando en el país.
Según sus palabras, la gestión de seguridad cambió, ya que no se seguirán protegiendo los intereses de pocos, sino ahora el enfoque será a toda la población.
De acuerdo a Arévalo, mediante un proceso participativo y diverso, basado en el diálogo y en el entendimiento mutuo de las distintas posiciones sobre lo que debería ser la seguridad en una sociedad en paz, a nivel centroamericano se sentaron las bases conceptuales y normativas de lo que se convirtió en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.
El presidente recordó que el referido acuerdo fue firmado por los presidentes de esta región en 1995 como expresión de un corte con el pasado autoritario y de confianza en el futuro democrático que como región se tenía por delante.
Según el mandatario, en este tratado se enmarca la seguridad, la democracia y el desarrollo humano como íntimamente vinculados. «Y el compromiso asumido por las naciones signatarias es que el Estado debe desplegar toda su capacidad institucional para hacer efectivos estos derechos, y justamente esta política presentada hoy es la que define esa ruta», puntualizó.
