El Ejecutivo informó el miércoles que el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, no acudirá a la reunión a la que fue convocado por la Fiscal General de la República, Consuelo Porras, para limar asperezas y hacer un equipo común con el objetivo que la ley prevalezca por encima de los infractores.
En su lugar, la presidencia informó que la la invitación se hará desde la Presidencia a la fiscal, siguiendo lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).
Analistas consideran que se trata de una rerspuesta «infantil» de la Presidencia, sin importar la institucionalidad del país, luego que el presidente amenazara al Ministerio público (MP) con n o asistirlo en la persecución del delito en Guatemala.
Porras envió una invitación al mandatario, para reunirse el jueves en su despacho, luego de que la Fiscalía ejecutara allanamientos contra el exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, otro protegido de Bernardo Arévalo.
Porras envió una carta el martes a la presidencia para que el mandatario asista a una reunión en las instalaciones del Ministerio Público con el objetivo de discutir sobre las declaraciones que Arévalo de León dio en una conferencia de prensa acerca de que la policía no ejecutaría lo que él y sus funcionarios consideraran “órdenes ilegales” de este ente, sin pertenecer ellos al sistema judicial guatemalteco.
La invitación de la fiscal general llega 24 horas después de que el presidente asegurara que estaba buscando los mecanismos para citar a Porras y discutir sobre su continuidad en su cargo y las acciones recientes de la Fiscalía, a pesar que ya fue advertido por la Corte Constitucional que debe respetar el estado de Derecho en Guatemala y no procurar la satisfacción de sus «caprichos» personales.
El pasado domingo, Arévalo de León aseguró en una conferencia de prensa que “la justicia en Guatemala está en crisis” debido a lo que él considera acciones “espurias” de la Fiscalía que Porras dirige desde 2018.
La reacción del mandatario se dio porque la Fiscalía acompañada de la Policía Nacional Civil, como lo ordena la ley, allanó la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, uno de los miembros más importantes del partido oficial, el proscrito Movimiento Semilla.
La Fiscalía capturó meses atrás a Ligia Hernández, funcionaria, amiga de Arévalo y exdiputada del partido del presidente, por un caso de sanomalías en la fundación del Movimiento Semilla, a lo que la imputada aceptó todas las acusaciones como ciertas la presente semana.
En enero pasado, antes de asumir la presidencia Arévalo de León aseguró que buscaría la destitución de Porras de la Fiscalía. Sin embargo, diez meses después esto no ha sido posible debido a que la Constitución de Guatemala no le dá esa potestad y las tensiones entre ambos funcionarios han crecido cada véz que el MP investiga delitos cometidos por el «círculo interno» de Arévalo.
