CACIF presentó Recurso de Inconstitucionalidad contra el Presupuesto 2025

by Redacción

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado la noche del lunes donde informa que han presentado un Recurso de Inconstitucionalidad parcial en contra del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2025.

La entidad basa su accionar en tres argumentos que justifican el acto reclamado.

Según el CACIF, la «decisión se fundamentó en un análisis técnico y jurídico en el que se demuestra que algunas disposiciones del presupuesto no cumplen con los requisitos legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico».

De la misma manera resaltaron que las «irregularidades mencionadas que vulneran principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República». Entre ellas mencionaron «la adecuada asignación de los recursos públicos y el respeto por los procesos legislativos».

«Con esta acción, reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de un país próspero, donde las leyes y los principios constitucionales sean la base de decisiones que beneficien a todos los ciudadanos, en especial a los trabajadores y empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas», reza como punto tercero la publicación del CACIF.

La gremial empresarial argumenta que «la certeza jurídica, la confianza en las instituciones y el desarrollo sostenible son pilares esenciales para garantizar un mejor futuro para Guatemala».

El Congreso de la República aprobó el referido Presupuesto 2025 durante la madrugada del miércoles 27 de noviembre de 2024. El mismo estaba contenido en el Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.

El referido decreto establece que el techo asciende a Q148 mil 526 millones 47 mil 690. El organismo Legislativo señaló, en ese momento, que la normativa contemplaba medidas de transparencia y establecía normas para el uso adecuado de los recursos públicos.

Asimismo, el Parlamento destacó que, con las asignaciones establecidas, se garantizaba la gratuidad de servicios públicos como la educación y salud.

El 1 de enero un grupo de abogados presentó un recurso de inconstitucionalidad en la CC por considerar ilegalidades en el Decreto 36-2024. Los juristas argumentaron que el documento contiene asignaciones que no respetan las distribuciones de fondos establecidas en la Constitución de la República. 

También el 9 de diciembre el diputado Bequer Chocooj interpuso un amparo, señalando que esta norma era ilegal e inconstitucional.

Entre las asignaciones constitucionales que no se respetan se incluye a la de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial, la CC, la Escuela Nacional de Agricultura (ENCA), y el Comité Nacional de Alfabetización, entre otros.

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