El miércoles 27 de mayo de 2026 pasará a los libros de historia política de España como el día en que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entró en la sede del partido gobernante. No es el primero en el poder que enfrenta una investigación de este calibre. Pero sí es la primera vez que la UCO registra Ferraz mientras el PSOE ocupa la Presidencia del Gobierno.
Pasadas las nueve de la mañana del miércoles, furgonetas de la Guardia Civil se estacionaron frente al número 70 de la calle Ferraz, en Madrid, sede nacional del Partido Socialista Obrero Español. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite investigadora del instituto armado, traspasaron las puertas bajo una orden expresa del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Lo que comenzó como una diligencia judicial terminó siendo, horas después, una de las imágenes más perturbadoras para el gobierno de Pedro Sánchez: los propios cuerpos del Estado ejecutando una orden judicial en la sede del partido que lo sostiene.
El operativo, que se extendió por más de ocho horas y se replicó simultáneamente en varios puntos de España, es el capítulo más dramático —aunque no el primero— de una saga judicial que lleva años acumulando expedientes, imputados, dimisiones, ingresos en prisión y audios incriminatorios.
La operación del 27 de mayo: el caso Leire y la trama SEPI
Agentes de la UCO accedieron este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional. La orden de registro emanó del juez Santiago Pedraz en el contexto del denominado «caso Leire», en el que también figura imputado el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por el supuesto cobro de comisiones.
La investigación del «caso Leire» indaga una presunta red de comisiones, tráfico de influencias y obtención de información sensible vinculada a exdirigentes y operadores cercanos al gobernante PSOE. El juez Pedraz ordenó que las diligencias se llevaran a cabo también en los domicilios del exdirigente socialista Santos Cerdán y del empresario Javier Pérez Dolset, así como en instalaciones vinculadas al exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, quien tuvo contratada a Leire Díez durante varios meses de 2024.
Los agentes registraron la sede de la consultora Zaño, propiedad del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, en relación con el caso SEPI en el que está involucrada la considerada «fontanera» del PSOE.
Agentes de la UCO salieron del registro del domicilio del exdirigente socialista Santos Cerdán en Milagro, Navarra, con mochilas, maletas y cajas tras registrar la vivienda durante varias horas. El operativo, que mantuvo la sede de Ferraz ocupada por más de ocho horas, incluyó también la requisa de documentación sobre viajes, hospedajes, alquileres de vehículos y agendas institucionales relacionados con personas investigadas, así como procedimientos internos de autorización de gastos y pagos dentro del partido.
La reacción del PSOE fue de incredulidad mezclada con indignación política. Fuentes de la Ejecutiva socialista reconocieron que la noticia del registro les puso «el corazón en la boca», aunque insistieron en que había «mucha diferencia» con lo que, a su juicio, finalmente fue: un simple requerimiento de información. Desde las filas parlamentarias socialistas, el operativo fue calificado como un ataque «por tierra, mar y aire» contra el partido y el entorno del presidente Sánchez.
Cronología de una crisis judicial que no para
El registro de Ferraz del 27 de mayo no surge de la nada. Es el punto más visible de una acumulación judicial que comenzó en 2024 y que ha ido escalando de forma ininterrumpida.
Febrero de 2024. La Guardia Civil detiene a 20 personas en el marco del caso Koldo, incluido Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. La investigación, originada por contratos de mascarillas durante la pandemia, empieza a ramificarse hacia adjudicaciones de obra pública por cientos de millones de euros.
Septiembre de 2024. La Fiscalía Anticorrupción, tras recibir cooperación judicial de Francia y Suiza que alertan sobre una red de lavado de dinero vinculada a funcionarios venezolanos, amplía la investigación hacia lo que posteriormente se conocerá como el caso Plus Ultra. Una investigación sobre un bróker peruano que pretendía mover toneladas de oro venezolano a Dubái derivó en la localización de conversaciones en móviles intervenidos que contendrían referencias a un personaje denominado «Zorro», «Z» o «ZZZZ», que la UDEF terminó identificando como la primera referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Octubre de 2024. La Policía Nacional registra el despacho del abogado Miguel Palomero y encuentra en su teléfono un chat denominado «Danilo-España» que vincula a empresarios venezolanos con intermediarios políticos españoles.
Noviembre de 2024. El juez Arturo Zamarriego avanza en las pesquisas por cohecho y tráfico de influencias contra la exconcejal socialista Leire Díez, a quien Gaspar Zarrías tuvo contratada en su consultora.
Noviembre-diciembre de 2025. Los casos estallan de forma simultánea. El 3 de noviembre de 2025, el juez Leopoldo Puente dictó auto de procesamiento contra Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El 27 de noviembre, el juez Puente envió a prisión provisional, comunicada y sin fianza al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor político Koldo García al apreciar un riesgo extremo de fuga.
El 11 de diciembre de 2025, la UDEF detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y al consejero delegado Roberto Roselli, dentro de la fase centrada en un presunto blanqueo de capitales.
Junio de 2025. Santos Cerdán, hasta entonces secretario de Organización del PSOE, dimitió y renunció a su escaño. El informe de la UCO sobre Cerdán, de 490 páginas, fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio de 2025. Según dicho informe, el ahora exdirigente era señalado como figura central en la gestión de pagos ilícitos, junto a Ábalos y Koldo García, dentro de lo que la UCO describía como una organización criminal en la cúpula del PSOE.
Diciembre de 2025. El PSOE reconoció ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente que, entre 2017 y 2024, había extraído de sus cuentas bancarias 940,388 euros para hacer pagos en efectivo a sus dirigentes. Pedro Sánchez se había convertido en el primer presidente del Gobierno español en comparecer en una comisión de investigación del Senado.
Marzo de 2026. La Audiencia Nacional asumió la investigación sobre el presunto uso irregular de los 53 millones del rescate de Plus Ultra y sus posibles conexiones con fondos venezolanos.
Mayo de 2026. La Fiscalía Anticorrupción, reactivada desde 2024, cifra en 1.95 millones de euros las comisiones irregulares que Zapatero y su entorno habrían percibido a través de diversas mercantiles, señalando que la consultora Análisis Relevante transfirió 490,780 euros a una cuenta compartida por el expresidente y su esposa entre 2020 y 2025, y que la sociedad What The Fav, propiedad de las hijas de Zapatero, habría recibido cerca de 239,755 euros de la misma consultora.
El caso Zapatero: de asesor bienintencionado a investigado
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 y referente histórico del socialismo español, enfrenta hoy la investigación más grave de su trayectoria pública. El caso Plus Ultra dio un giro radical en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción española recibió solicitudes de cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza, países que investigaban una posible red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos y detectaron movimientos sospechosos relacionados con la aerolínea rescatada por el gobierno de Sánchez en 2021 con 53 millones de euros de fondos públicos.
Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que parte de esos 53 millones del rescate podrían haberse utilizado para devolver préstamos ficticios y «limpiar» dinero procedente de Venezuela. Las comunicaciones interceptadas revelan que los directivos de la compañía instaban a presionar al expresidente para acelerar la tramitación ante la SEPI. «Debemos meterle chola al Zapa», escribió Roberto Roselli, CEO venezolano de la aerolínea, en mensajes internos.
La declaración de Zapatero como investigado ante la Audiencia Nacional ha sido fijada para el 17 y 18 de junio de 2026. Es la primera vez en la historia democrática española que un expresidente del Gobierno comparece en ese carácter ante un tribunal de esa jerarquía.
El mapa judicial: diez causas, un partido
El PSOE no enfrenta una sola causa, sino un ecosistema judicial interconectado que los medios españoles han comenzado a denominar colectivamente como «la maraña»:
El caso Koldo —adjudicación irregular de mascarillas y obras públicas— tiene ya en prisión a Ábalos y a Koldo García. El caso Cerdán —presunta organización criminal para el cobro de comisiones en obra pública por más de 500 millones de euros— llevó a la cárcel al número tres histórico del partido. El caso Plus Ultra investiga el rescate de 53 millones y sus conexiones con redes venezolanas de blanqueo. El caso Leire indaga la presunta contratación de una «fontanera» para desacreditar a fiscales y mandos de la UCO que investigaban la corrupción del partido. El caso Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, investiga presunto tráfico de influencias. El caso David Sánchez, hermano del presidente, investiga un cargo público cuya actividad real fue cuestionada judicialmente. El caso SEPI amplía las investigaciones hacia adjudicaciones irregulares dentro del holding estatal. Y las investigaciones sobre la financiación del PSOE buscan determinar si los 940,000 euros en efectivo retirados de las cuentas del partido entre 2017 y 2024 constituyeron financiación ilegal.
Reacciones políticas: el gobierno resiste, la oposición presiona
El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, reaccionó con mesura: expresó respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia, defendiendo «la labor del Ejecutivo en el refuerzo de mecanismos preventivos de conductas ilegales». La declaración fue interpretada como una estrategia de distanciamiento institucional sin romper la cohesión de gobierno.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declaró que «es otra más», en referencia a la acumulación de casos: «Estamos hablando de Zapatero, de Ferraz, de diez sumarios y el señor Sánchez visitando el Vaticano».
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtió que si se demostrara financiación ilegal del PSOE sería una «línea roja» para su formación, que exigiría elecciones generales para que «la gente decida». La advertencia tiene peso real: ERC forma parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de Sánchez.
La izquierda mundial y la corrupción: un patrón que se repite
El caso español no es un fenómeno aislado. En las últimas décadas, partidos y gobiernos identificados con la izquierda o la socialdemocracia en todo el mundo han protagonizado escándalos de corrupción de gran magnitud, desmintiendo la narrativa que ubicaba a los partidos progresistas como fuerza moralmente superior ante la corrupción tradicional de las derechas.
En Brasil, el partido PT de Luiz Inácio Lula da Silva fue el protagonista del escándalo Petrobras (Lava Jato), la mayor investigación anticorrupción de la historia latinoamericana, que puso en prisión al propio Lula entre 2018 y 2019 —condena luego anulada por el Supremo Tribunal Federal por razones procesales— y reveló un esquema sistemático de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal que involucró a empresarios, directivos y políticos de múltiples partidos. La investigación alcanzó a ex presidentes, gobernadores y cientos de legisladores.
En Venezuela, el gobierno bolivariano de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro construyó uno de los sistemas de corrupción estatal más documentados del hemisferio occidental, con fondos públicos del petróleo derivados hacia cuentas privadas de funcionarios y aliados internacionales, incluidas conexiones con redes europeas que ahora aparecen en la investigación española del caso Plus Ultra.
En Argentina, los gobiernos kirchneristas de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner fueron objeto de múltiples investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito, manejo irregular de obra pública y coimas sistematizadas. La expresidenta Cristina Fernández fue condenada en primera instancia en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de contratos viales, sentencia que continúa en proceso de apelación.
En Francia, el Partido Socialista enfrentó escándalos de financiación ilegal durante los años noventa y dos mil, incluyendo el caso Urba —donde quedó documentada la extracción sistemática de fondos de contratos públicos para financiar al partido— que afectó directamente a figuras del entorno de François Mitterrand.
En Portugal, el Partido Socialista vivió el escándalo que en 2024 derivó en la dimisión del primer ministro António Costa tras la apertura de una investigación judicial por presuntas irregularidades en concesiones de litio y de hidrógeno verde que salpicaron a su entorno más cercano.
En El Salvador y otros países de América Central, la izquierda del FMLN, que gobernó entre 2009 y 2019, protagonizó escándalos de malversación y tráfico de influencias en contrataciones públicas de los que el país aún procesa consecuencias judiciales.
El hilo conductor: el poder como factor de riesgo
Lo que conecta estos casos a través de geografías y décadas no es una ideología específica sino una dinámica estructural: el acceso prolongado al poder ejecutivo, los recursos del Estado y las redes de contratación pública generan incentivos para la corrupción independientemente del signo político del partido gobernante.
En el caso español, la acumulación de causas activas contra el PSOE —diez sumarios simultáneos— es inédita en la democracia española desde los años noventa, cuando el partido del presidente Felipe González enfrentó los escándalos del GAL, el caso Filesa de financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito del entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.
La diferencia estructural es que aquellas crisis se desarrollaron en un sistema mediático e institucional distinto. Hoy, la UCO entra en Ferraz y las imágenes circulan en tiempo real por redes sociales, plataformas de noticias y canales internacionales. La presunción de inocencia, principio cardinal del Estado de Derecho, aplica con toda su fuerza para todos los investigados. Pero el daño político que produce la acumulación de causas —independientemente del resultado final de cada proceso— es ya un hecho consumado que ninguna rueda de prensa puede deshacer.
Lo que sigue en España es una carrera entre la resistencia institucional del gobierno de Sánchez, que aún mantiene su mayoría parlamentaria, y la velocidad a la que los procesos judiciales producirán resultados concretos: sentencias, condenas, o absoluciones que reorienten el relato. Lo que esta mañana dejó la UCO en Ferraz —documentos, dispositivos electrónicos y ocho horas de silencio incómodo— tardará meses en decir su verdad.
Fuentes: Audiencia Nacional de España (auto del juez Santiago Pedraz), Tribunal Supremo de España (caso Koldo, juez Leopoldo Puente), EFE, Europa Press, El Confidencial, El Mundo, The Objective, El Español, Infobae España, Euronews en español, Libertad Digital, El Diario, Deia, El Independiente, Aristegui Noticias, RPP Noticias, Wikipedia Caso Koldo.
Todos los mencionados en esta nota están amparados por la presunción de inocencia. Las investigaciones citadas se encuentran en curso y no implican condena firme salvo donde se indique expresamente.