Un pronunciamiento diplomático solicitó que se adopte una normativa que cumpla los lineamientos internacionales, mientras el Congreso discute modificaciones clave para evitar restricciones y sanciones que afectarían a ambas naciones
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala instó públicamente al Congreso guatemalteco a aprobar la iniciativa de ley 6593 sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en medio de intensas negociaciones legislativas orientadas a adaptar la normativa local a estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la representación diplomática estadounidense afirmó que la aprobación de la ley fortalecería la seguridad financiera regional y contribuiría a impedir que estructuras vinculadas al narcotráfico, crimen organizado y corrupción utilicen el sistema financiero guatemalteco para movilizar recursos ilícitos.
La embajada sostuvo además que la normativa “promoverá la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos y Guatemala”, reforzando la presión internacional sobre el Congreso en momentos en que el país busca evitar una eventual inclusión en mecanismos de observación financiera internacional.
El nuevo episodio del debate legislativo ocurrió el 18 de mayo, cuando la junta directiva del Congreso, jefes de bloque legislativo, integrantes de la Comisión de Economía y representantes de la Superintendencia de Bancos sostuvieron una reunión privada para discutir modificaciones al proyecto.
Fuentes legislativas confirmaron que durante la sesión fueron analizadas al menos ocho enmiendas nuevas y varias propuestas adicionales orientadas a corregir aspectos técnicos y jurídicos observados por entidades financieras y organismos internacionales.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, planteó la necesidad de alcanzar consensos definitivos para permitir que la normativa sea conocida nuevamente por el pleno legislativo dentro de los plazos establecidos.
La principal preocupación de las autoridades guatemaltecas gira alrededor de una posible inclusión del país en la denominada “lista gris” de Gafilat, mecanismo que identifica jurisdicciones con deficiencias estratégicas en prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Especialistas financieros advierten que una eventual incorporación a esa lista podría afectar operaciones bancarias internacionales, elevar costos de transacciones, incrementar controles sobre transferencias y deteriorar la percepción de riesgo del sistema financiero guatemalteco.
El diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que las modificaciones discutidas buscan armonizar la legislación nacional con estándares internacionales sin generar contradicciones constitucionales ni afectar derechos individuales.
“Hicimos una discusión con altura y pudimos avanzar en los razonamientos que tienen los distintos partidos políticos”, declaró el legislador tras la reunión técnica.
Uno de los principales puntos de controversia continúa siendo el artículo 8 del proyecto, relacionado con la administración del riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Ese apartado obliga a sujetos financieros y entidades reguladas a implementar sistemas de identificación, evaluación y mitigación de riesgos mediante controles preventivos y mecanismos de monitoreo.
Sin embargo, técnicos de la Superintendencia de Bancos expresaron observaciones sobre la redacción específica de uno de los literales del artículo, argumentando posibles problemas de interpretación jurídica y aplicación práctica.
El diputado Allan Rodríguez, de la bancada VOS, indicó que ese punto es actualmente el principal aspecto pendiente de consenso dentro de la negociación legislativa.
“Es un literal de uno de los artículos; los demás los encontraron viables. La Superintendencia argumentó con sus motivos y por eso necesitamos analizarlo más a fondo”, afirmó.
Otro de los debates centrales se concentra en la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP), categoría utilizada internacionalmente para identificar a funcionarios públicos y personas vinculadas con alto riesgo potencial de corrupción o manejo irregular de recursos.
La discusión legislativa se enfoca particularmente en el alcance de los vínculos familiares que quedarían sujetos a controles financieros especiales.
El presidente de la Comisión de Finanzas, Héctor Julio Estrada, explicó que algunos sectores buscan limitar la categoría únicamente a familiares de primer grado de consanguinidad —padres, hijos, cónyuges y convivientes— mientras otros plantean mantener criterios más amplios alineados con estándares promovidos por GAFI.
“La discusión es qué permite cumplir con el estándar GAFI sin afectar injustamente a toda la familia de una persona expuesta políticamente”, señaló Estrada.
La iniciativa 6593 forma parte de una serie de reformas impulsadas por Guatemala en los últimos años para fortalecer controles financieros y responder a observaciones internacionales relacionadas con supervisión bancaria, transparencia y combate al crimen organizado transnacional.
Organismos multilaterales y gobiernos extranjeros han insistido en que el fortalecimiento de mecanismos antilavado es clave para combatir estructuras vinculadas al narcotráfico, corrupción pública, evasión fiscal y financiamiento ilícito en la región centroamericana.