Después de dos días de silencio, la Fiscalía General de la República (FGR) cerró filas con el Ejército. El Ministerio Público respalda, en un comunicado sin apenas nueva información, la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la masacre de seis migrantes cometida por los militares este martes al suroeste de Chiapas. Según el relato de ambos organismos, los soldados patrullaban la carretera rural que une los municipios de Villacomaltitlán y Huixtla en busca de posibles traficantes de drogas y de seres humanos cuando avistaron tres camionetas donde se hacinaban personas de Asia, África y Latinoamérica que, al ver a los militares, se dieron a la fuga.
En el primer comunicado, publicado casi 24 horas después de la matanza, la Sedena defendía que sus efectivos escucharon “dos detonaciones”, sin aclarar más, y por ello abrieron fuego contra los vehículos. Seis personas fueron acribilladas.
La Fiscalía ha ampliado la narración original del Ejército y defiende que los soldados fueron agredidos primero durante la persecución y por ese motivo dispararon contra los camiones: “La Sedena fue alertada sobre personas armadas; razón por la cual acudió a la carretera federal número 200, cercana a la ciudad de Tapachula, donde encontraron tres vehículos, cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se dieron a la fuga, a pesar de haber sido conminadas para que se detuvieran, ignorando dicha orden que es obligatoria frente a un acto de autoridad.
En la persecución a dichos vehículos, el personal militar refiere que fueron agredidos por sus tripulantes; y, por ello, repelieron el ataque, deteniendo una camioneta de redilas verde, mientras los otros dos vehículos se daban a la fuga [SIC]”.
La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el jueves que los dos soldados acusados de la matanza fueron puestos bajo control de la FGR. Sin embargo, el organismo matizó las declaraciones de la mandataria horas más tarde: “El personal militar actualmente se halla bajo arresto e investigación por sus propias autoridades.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), de la FGR, envió de inmediato a Tapachula a un contingente de agentes del Ministerio Público, policías, peritos y psicólogos, para realizar todas las diligencias necesarias. Los elementos de Sedena serán interrogados por el Ministerio Público de la Federación (MPF). Sheinbaum compareció horas después ante el Ejército, que juró lealtad a la nueva jefa de Estado, investida el mismo día que sucedió la masacre.
Un grupo de 33 migrantes viajaba escondido en la parte trasera de camiones de carga de ganado. Según la Sedena, eran de nacionalidad “egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe”. Un portavoz militar indicó a este diario que con “nacionalidad árabe” (que no es una nacionalidad, sino una lengua) se referían a ciudadanos de Arabia Saudí, un país rico en petróleo y poco acostumbrado a utilizar las rutas migratorias mexicanas. Sheinbaum dijo después que las víctimas proceden de Egipto, El Salvador y Perú: las dos últimas, nacionalidades que no aparecían en el recuento original de los militares. En el comunicado de la FGR se añade que tres de las víctimas procedían de Egipto, otra de Perú y una más de Honduras, sin aclarar la ciudadanía de la sexta. “La mayor parte de las personas lesionadas e ilesas han sido identificadas como ciudadanos de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto; razón por la cual se está solicitando a los consulados correspondientes su presencia y apoyo para esta investigación, así como para el auxilio de las víctimas”, dice el organismo.
Imágenes tomadas con teléfono móvil de la escena del crimen revelan una matanza: cuerpos humanos apilados en la parte trasera de una camioneta manchada de sangre, cubiertos por bolsas de basura negra que utilizaban para protegerse de la lluvia. El coyote que conducía el vehículo había huido cuando llegaron los soldados, que encontraron a cuatro muertos (dos más fallecerían en el hospital más tarde) y decenas de personas en shock, entre lágrimas y gritos de socorro. “Se ha solicitado, en forma urgente, al Instituto Nacional de Migración (INM) toda la información con la que cuente al respecto; y se les ha requerido a las autoridades correspondientes la identificación de las placas del Estado de México que portaba la camioneta detenida”, aseguró la FGR, que también pidió colaboración a la Interpol y “asistencia jurídica internacional a la República de Guatemala, para obtener datos provenientes de ese país, que se puedan vincular con esta investigación”.
La Fiscalía también ha sostenido que se brindará “asistencia consultar” y psicológica a los migrantes que fueron heridos y a los que salieron “ilesos”. El comunicado del Ministerio Público apenas aporta nueva información sobre la masacre, más allá de la corrección de la identidad de las víctimas y el hecho de que uno de los camiones en el que viajaban tuviera matrícula del Estado de México. Sheinbaum, que ha tardado dos días en pronunciarse sobre la matanza, declaró que se trató de un “hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado”: “No puede repetirse una situación así. Se están tomando las medidas”.
Morena, el partido de la nueva presidenta y su predecesor hasta el martes, Andrés Manuel López Obrador, ha sido duramente criticado en los últimos años por conceder más poder al Ejército en labores civiles, como el control migratorio de las fronteras y los aeropuertos, ante las repetidas críticas de la oposición, la academia y distintos grupos de la sociedad civil. El 25 de septiembre, el Senado aprobó también que la Guardia Nacional, que nació como cuerpo civil, pasara a estar bajo control de la Sedena, una polémica medida conseguida en el tiempo de descuento del Gobierno de López Obrador gracias a la mayoría conseguida por Sheinbaum el 2 de junio.
La nueva masacre de migrantes cometida por el Ejército ha encendido de nuevo las críticas contra el partido oficialista. La Sedena, una institución famosa por su opacidad en la gestión de asuntos internos, apenas ha proporcionado información. Informes y estudios de los últimos años ya han argumentado que el uso de militares en las fronteras para contener la migración resulta en violaciones a los derechos humanos.
