El Ministerio Público (MP) brindó detalles sobre el avance de las investigaciones del caso denominado B410, que investiga acciones de defraudación tributaria y corrupción en Guatemala.
En una rueda de prensa en la sede central de la institución, la fiscal general Consuelo Porras destacó que la entidad a su cargo realiza un trabajo enfocado en el combate contra la corrupción, ya que, según sus palabras, esta no solo toca los principios fundamentales de justicia y equidad, sino que también mina la confianza que la sociedad depositada en quienes tienen la responsabilidad de servirle.
“Hoy me dirijo a ustedes, pueblo de Guatemala, con un mensaje claro y contundente. En el MP todas las denuncias que recibimos son y serán siempre investigadas. No importa quiénes estén involucrados. Nuestra misión y función es garantizar que se haga justicia, sin distingo alguno”, dijo.
La fiscal Porras añadió que la lucha contra la corrupción y el combate a los delitos que afectan a la población son los pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Por ello, el equipo multidisciplinario fiscal no descansará en realizar su labor y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.
“Esta institución siempre se ha caracterizado con actuar con objetividad, imparcialidad y estricto apego al principio de legalidad. (…) Si alguien no debe nada, no tiene por qué temer. Si hay irregularidades, la ley se aplicará con todo el peso que corresponda”, enfatizó Porras.
Dimas Jiménez, fiscal regional metropolitano, señaló que el Código Tributario, en su artículo 89, establece que las denuncias se presentan por escrito ante el juez competente, pues para estos casos hay órganos jurisdiccionales especializados.
Señaló que es por esa vía que se da seguimiento a la querella recibida 14 de agosto 2024 del caso B410, dentro del cual ya se han autorizado más de 40 diligencias de allanamiento y se han recopilado diversos medios de investigación que han ayudado a desarrollar la investigación, realizada a través de la Fiscalía contra Delitos Económicos.
18 allanamientos en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala y Sacatepéquez fueron realizados por el Ministerio Público la mañana del lunes con el propósito de hacer efectivas 13 órdenes de captura contra algunos funcionarios del Ejecutivo, específicamente siete personas que tienen algunos cargos en el Ministerio de Salud, y también otras órdenes de aprehensión contra personas representantes legales de sociedades anónimas.
Mario Pérez, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, brindó detalles de los antecedentes del caso y señaló la forma de operar de la estructura que estaría detrás de la defraudación millonaria al Estado de Guatemala.
Explicó que el MP registra un antecedente de 2023 con empresas creadas en la colonia Bambi, cuando ingresó una primera denuncia y conforme transcurrieron los meses siguieron presentando otras más por parte de los agraviados, hasta contabilizar 24. Los hechos involucran a 22 personas agraviadas de sexo femenino, en su mayoría amas de casa.
Las pesquisas del caso inicialmente estuvieron a cargo de la Fiscalía Municipal de Mixco y luego se trasladaron a la de Delitos Económicos, que pudo establecer que un hombre contactó a las 22 ciudadanas mencionadas, presentándose como integrante de una ONG y les ofreció ayuda económica.
Para ser supuestamente beneficiarias les requirió una fotografía de su Documento Personal de Identificación (DPI) y grabar un video detallando sus datos personales para seguir el procedimiento necesario, pero en realidad sirvieron para crear agencias virtuales.
Como hipótesis de la creación de estas entidades se manejó la venta de facturas o acciones puntualmente de lavado de dinero u otros activos, por lo que continuó la investigación.
En febrero 2024, la fiscalía empezó con el proceso del rastreo de los IP de los equipos utilizados para crear las agencias virtuales. También se solicitó a la SAT cancelar esas empresas creadas con los datos sustraídos de las víctimas.
El fiscal aseguró que en el transcurso de la investigación se estableció quién era la persona que contactó a las agraviadas; sin embargo, no se reveló su nombre por tratarse de una investigación en curso. Únicamente se adelantó que se trata de un perito contador que se investiga por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y manipulación de información. Además, se busca constatar la identificación de al menos otros tres partícipes.
“Este es un antecedente claro de la creación de empresas mercantiles, sociedades anónimas, de utilizar a personas de bajo perfil con la finalidad de defraudar al fisco a través de las facturaciones de empresas o lavado de dinero”, enfatizó Pérez.
De acuerdo con el fiscal contra Delitos Económicos, esta fase de la investigación denominada “Defraudación y Corrupción” también abordó la denuncia presentada por la SAT el 14 de agosto de 2024, en la que se señalaba a 35 personas, incluidas sociedades anónimas, comerciantes individuales además de contadores y representantes legales.
En ese sentido, el 16 de agosto, es decir dos días después, se realizaron seis diligencias de allanamiento en varios inmuebles, incluido uno en la zona 9 capitalina donde funcionaba la oficina del notario David Francisco Barrera Maldonado. En la diligencia se secuestraron dispositivos electrónicos, incluido el móvil de esta persona, del que se extrajo información importante que sigue en análisis.
Lo que hasta ahora se ha podido establecer es que este notario cobraba no solo por crear una serie de sociedades anónimas, sino también recibía una renta por figurar su casa de habitación como domicilio fiscal de las mismas, a pesar que en realidad es una dirección inexistente.
“El objeto de no figurar una dirección real e inexistente es evadir ser fiscalizados por la SAT. De la información que se ha ido extrayendo, más la que se tiene en análisis, se le está dando seguimiento a los potenciales clientes que le compraron una sociedad anónima al notario Barrera Maldonado y mantienen esa dirección para evitar ser fiscalizados. Se le solicitará a la SAT que pueda ser incorporadas a un proceso de investigación y verificar cómo ha sido el cumplimiento de sus obligaciones”, dijo el fiscal.
Se detalló que entre quienes hacían la compra de estas entidades estaban algunos bufetes legales de Guatemala. También se identificó que existe una diferencia entre lo que el sindicado presentaba ante la SAT como cumplimiento de obligaciones tributarias y lo que posee en sus cuentas bancarias, un tema al que se le da seguimiento.
Según el historial, hay 495 contribuyentes a los que Barrera Maldonado presta servicio como apoderado, de las cuales 341 están activos y 154 han sido cancelados. En tanto, los contribuyentes en los que figura como representante legal son 502, de las cuales 57 están vigentes y 445 han sido cancelados.
En ese contexto, Pérez aclaró que del total de sociedades anónimas creadas, no todas operaron. Puntualmente, son 10 sociedades anónimas que se relacionan al grupo B410 que podrían estar vinculadas al notario y han operado de manera irregular.
La fiscalía realizó allanamientos el pasado 12 de septiembre en nueve empresas señaladas de prestar servicios al Estado de Guatemala en los períodos 2021, 2022, 2023 y 2024; sin embargo, solo ocho fueron localizadas.
Se determinó que, en general, las compañías no poseen infraestructura, capacidad instalada, activos o personal que permitieran vender a las entidades de gobierno los bienes o servicios por los cuales se les contrató.
Derivado de diligencias y querella SAT, se solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizar auditorías gubernamentales a 13 entidades del Gobierno que le compraron a estas nueve entidades señaladas de no tener estructura. Estos procesos van avanzando entre el 20 y 80 por ciento.
A la fecha, la CGC presentó una denuncia en contra del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la contratación de servicio a Grupo Propela, Sociedad Anónima, por adjudicaciones por concurso que ascienden a más de Q12.3 millones.
Puntualmente, las adjudicaciones realizadas por el Hospital General San Juan de Dios suman Q7 millones 528 mil 800, marcadas por una serie de anomalías. Entre estas, se indicó que hubo contrataciones por cotización y no por licitación, por lo que fraccionaron la compra. El monto de uno de los contratos era por Q267 mil 450, pero se fraccionó en tres facturas por Q89 mil 150 para evitar pasar los Q90 mil y evadir la ley.
También se determinó que, entre otros eventos, hubo pagos por supuesto mantenimiento preventivo a la red de drenajes de aguas negras, pero no consta que se haya llevado a cabo. Sumado a esto, por los supuestos servicios y dinero percibido a cambio, “nunca pagaron un centavo de impuestos”, destacó el fiscal.
Según el MP, las personas sindicadas contra quienes se solicitaron las órdenes de aprehensión respectivas están incluidos el representante de la empresa implicada y exfuncionarios y actuales integrantes del equipo del hospital San Juan de Dios. Se trata de:
- Luis López Díaz, subdirector de Mantenimiento.
- Danilo Valenzuela González, gerente Administrativo Financiero.
- Eder López, jefe de Compras y Contrataciones.
- Gerardo Hernández García, director ejecutivo del hospital.
- Julio Ajanel León, asistente de Ingeniería.
- Walter Arnoldo Castillo Cordón, encargado del Presupuesto.
- Jorge Flores Escobar, director ejecutivo.
- Antonio Fernández Rodríguez, representante legal de grupo Propela S. A.
El delito que se atribuye al personal hospitalario es fraude. Mientras que al empresario se le sindica de caso especial de estafa, testaferrato y lavado de dinero u otros activos.
