El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala allanó el martes la finca de la secta Lev Tahor, un grupo de judíos ultraortodoxos, acusada de abusar sexualmente de niños, informaron las autoridades, que señalaron que los líderes religiosos les impidieron conversar con los menores.
A finales de agosto, las autoridades intentaron verificar el estado de los menores, pero los miembros de la comunidad restringieron el acceso a la propiedad, situada en el municipio de Oratorio, unos 60 km al suroeste de la capital, donde la secta se asentó en 2016.
«La diligencia (…) tiene como finalidad verificar las condiciones de niñas, niños y adolescentes de la comunidad judía Lev Tahor, y constatar el cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales», dijo el vocero de la Fiscalía, Moisés Ortiz.
Al finalizar el allanamiento, el funcionario señaló que pudieron observar a los niños «que habitan el lugar, sin embargo, la oposición presentada por la comunidad impidió la interacción con ellos».
«La fiscalía con base en lo antes expuesto, analiza las acciones a seguir dentro del presente caso», indicó Ortiz, quien señaló que en algunos sitios de la finca «se observó falta de higiene».
En el operativo participaron fiscales, policías y un equipo multidisciplinario conformado por psicólogas y trabajadoras sociales de varias instituciones.
La Procuraduría General de la Nación (abogado del Estado) indicó en agosto que había recibido denuncias, varias de ellas anónimas, contra este grupo que se instaló en Oratorio tras ser expulsado de un pueblo indígena en 2014 por conflictos con lugareños y pasar un tiempo en un edificio de la capital.
El grupo se asentó a Oratorio tras un allanamiento de fiscales y policías a su edificio y otros inmuebles suyos a petición de Israel en busca de una niña y para determinar si había casos de maltrato infantil.
Lev Tahor fue formada en los años 1980 y sus miembros, que visten túnicas oscuras y practican una versión ultraortodoxa del judaísmo, se establecieron en Guatemala en 2013.
El grupo califica como «persecución religiosa» las investigaciones en su contra y asegura que son propiciadas por el Estado de Israel.
Las últimas acciones fueron emprendidas por el caso de un adolescente extranjero que a principios de año «solicitó ayuda» para regresar a su país tras denunciar que fue obligado a casarse a los 13 años.
La Procuraduría estima que unos 100 menores viven en la comunidad que estaría conformada por unas 50 familias de Guatemala, Estados Unidos, Canadá y otros países.
