El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, destituyó este miércoles al fiscal Rafael Curruchiche y ordenó la disolución de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una de las unidades más influyentes y controvertidas del Ministerio Público durante los últimos años.
La decisión marca uno de los primeros movimientos de alto impacto realizados por García Luna desde que asumió el cargo el pasado domingo en sustitución de la exfiscal general Consuelo Porras, cuya gestión estuvo marcada por fuertes confrontaciones políticas internas e intensas críticas internacionales.
La nueva administración justificó la salida de Curruchiche argumentando una pérdida de credibilidad institucional de la FECI y anunció además nuevas restricciones internas para impedir filtraciones de expedientes judiciales y uso político de información reservada del Ministerio Público.
Curruchiche fue una de las figuras más visibles de la política judicial guatemalteca reciente. Bajo la dirección de Consuelo Porras encabezó investigaciones de alto perfil relacionadas con corrupción estatal, financiamiento electoral y presuntas irregularidades vinculadas al partido Movimiento Semilla, agrupación política con la que el presidente Bernardo Arévalo ganó las elecciones generales de 2023.
Durante su gestión al frente de la FECI, Curruchiche impulsó investigaciones sobre supuestas anomalías en la constitución legal de Semilla, especialmente relacionadas con presuntas firmas irregulares utilizadas durante el proceso de inscripción partidaria años antes de la llegada de Arévalo al poder.
Las pesquisas derivaron en solicitudes judiciales para suspender la personalidad jurídica del partido y en investigaciones sobre posibles delitos electorales y administrativos. Sin embargo, hasta la fecha no existe una sentencia firme que haya probado fraude electoral en las elecciones presidenciales que llevaron a Arévalo a la presidencia.
El ahora exfiscal también promovió diligencias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción dentro de instituciones públicas vinculadas al actual gobierno, investigaciones que el oficialismo y organizaciones internacionales calificaron como intentos de desestabilización política.
A pesar de las críticas internacionales, sectores conservadores y grupos afines al Ministerio Público defendieron durante años el trabajo de Curruchiche y de Consuelo Porras argumentando que las investigaciones impulsadas por la FECI buscaban aplicar la ley sin distinción política y perseguir posibles estructuras de corrupción e impunidad dentro del sistema político guatemalteco.
Bajo la dirección de Porras, el Ministerio Público también desarrolló procesos judiciales contra exfuncionarios, jueces, fiscales y operadores de justicia señalados de distintos delitos relacionados con abuso de autoridad, obstrucción de justicia, filtración de información reservada y presuntas irregularidades en investigaciones anteriores.
No obstante, organismos internacionales, gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos acusaron reiteradamente a Curruchiche y a la administración de Porras de utilizar el sistema penal para perseguir periodistas, fiscales anticorrupción, jueces independientes y miembros de la oposición política.
Tanto Consuelo Porras como Rafael Curruchiche fueron incluidos en listas de sanciones y restricciones migratorias por parte de Estados Unidos y de países europeos bajo acusaciones de socavar procesos democráticos y obstaculizar esfuerzos anticorrupción en Guatemala.
La salida de Curruchiche ocurre en medio de una fuerte polarización política en Guatemala alrededor del papel del Ministerio Público y de las investigaciones abiertas contra funcionarios del actual gobierno.
Como parte de las nuevas medidas institucionales, la Fiscalía General emitió además una disposición interna que prohíbe a funcionarios divulgar o reproducir información de expedientes judiciales mediante redes sociales o plataformas digitales cuando ello pueda beneficiar o perjudicar intereses políticos partidarios.
El documento oficial sostiene que la medida busca preservar la objetividad institucional y evitar el uso político de procesos judiciales en curso.
Hasta este miércoles, Rafael Curruchiche no había emitido una reacción pública amplia tras su destitución. Tampoco el expresidente Consuelo Porras había comentado oficialmente la reestructuración impulsada por la nueva administración del Ministerio Público.
