Los exmilitares de Guatemala saldrán el jueves a una segunda movilización en reclamo de un pago atrasado de beneficios y la inclusión de más beneficiarios en la Ley de Desarrollo Integral.
En medio de bloqueos de al menos 22 carreteras del territorio nacional la víspera, líderes de la protesta se reunieron en el Palacio Nacional de la Cultura (sede de Gobierno) con el presidente Bernardo Arévalo.
Tras el encuentro, el jefe de la Asociación de Veteranos Militares de Sangre Verde, Deybid Jonás Méndez, descartó un posible acuerdo, por lo cual afirmó que las acciones continuarán y podrían extenderse a otros puntos del país.
Méndez explicó que las autoridades prometieron el pago de tan solo uno de los tres meses que les deben, pero sin indicarles cuándo lo harían efectivo.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, en declaraciones a periodistas explicó que realizan gestiones para entregar el pago correspondiente a abril, el cual ejecutarían en los próximos 15 días.
Sin embargo, reiteró, los restantes meses dependen de la aprobación de la ampliación presupuestaria que está bajo análisis en el Congreso de la República. “Se les dijo que tenemos los recursos pero no tenemos el espacio en el plan previsto y se les aseguró que en el proyecto de 2025 está incluido el pago de todo el año entrante para que tengan certeza”, añadió el titular.
De esta manera, el Gobierno justifica el incumplimiento de sus obligaciones, que ya estaban incluídas en el presupuesto General de la Nación para el presente año, a la ampliación tributaria que demanda del Congreso.
Con el anuncio de la manifestación hace tres días, la Cámara de Comercio presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que en respuesta el alto tribunal ordenó al Ejecutivo evitar los bloqueos.
La Cámara del Agro los llamó ilegales y advirtió que “no solo afectan el derecho a la libre locomoción”, sino también ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, perjudicando a las familias más vulnerables.
La Ley de Desarrollo Integral aprobada el 24 de octubre de 2022 otorga a los exmilitares un beneficio económico (mil quetzales mensuales) a cambio de su inserción en un programa de reforestación.
La norma estableció la creación de una modalidad para apoyar al Personal de Tropa que prestó servicio militar durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996).
En protestas efectuadas en 2021, este mismo sector quemó algunas oficinas del Parlamento luego de irrumpir por la fuerza, mientras luego en la Plaza de la Constitución de esta capital sobresalió por una pelea a golpes entre participantes.
