El máximo Tribunal Constitucional de Guatemala anunció el martes que otorgó un amparo a la fiscal general, Consuelo Porras, ante la reforma propuesta por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, como vendetta política por las investigaciones del Ministerio Público por ilegalidades del Movimiento Semilla que lo llevó al Poder.
En este sentido, pidió al Gobierno de Arévalo que se «abstenga» de «todo acto que, fuera del marco Constitucional y legal, atente contra el mandato para el cual fue electa la postulante» y eviten acciones «que puedan coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público».
La Corte también instó a realizar «todas las acciones que la Constitución y las leyes les imponen para prestar el auxilio que requiera» la Fiscalía para el ejercicio de sus funciones y «resguardar, en caso de ser necesario, el acceso de los usuarios y del personal a las instalaciones».
Tras esta medida, el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero, subrayó que Arévalo ha actuado en dentro del marco legal y agregó que, a pesar del amparo, hará «todos los esfuerzos necesarios para depurar al país del flagelo de la corrupción», manteniendo el tono de ataque a la institución fiscal.
«La Corte de Constitucionalidad no señala ningún acto concreto que el presidente, o nosotros como abogados del Estado debamos corregir. Hemos actuado bajo el marco de la Constitución y el principio de legalidad y así lo seguiremos haciendo», manifestó a través de su perfil en la red social X.
El domingo, poco antes de que Arévalo realizara un discurso a la nación en el que anunciaba su iniciativa para reformar la ley para que Porras «rinda cuentas y sea removida» para que el organismo «no vuelva a ser utilizado como arma política», la Fiscalía afirmó haber presentado una acción constitucional al entender que estas acciones puedan «desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida» tanto de Porras como de otros funcionarios de la institución.
El Ministerio Público denunció una «amenaza real, cierta e inminente» de que el presidente «continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia. «Estas acciones ilegítimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho», indicó el organismo.
